La Asociación de Directores de Institutos Públicos de La Rioja (ADIR) ha manifestado su profundo malestar por la publicación del Decreto de Convivencia y de la primera de las órdenes que lo desarrollan, debido a las graves consecuencias derivadas de ello. “La reformulación del artículo 53 de la mencionada orden, el cual ponía en tela de juicio la buena conducta de los docentes, no puede eclipsar el verdadero problema subyacente a dicho decreto, que no es otro que la interpretación errónea que se lleva a cabo de la legislación vigente, impidiendo a los centros educativos la expulsión de un alumno en aquellos casos en los que esta medida resulta absolutamente necesaria o no permitiendo que un alumno pueda ser sancionado con la inasistencia a actividades extraescolares por un comportamiento inadecuado”.
“Pese a que del decreto se pueda inferir lo contrario, es preciso aclarar que, desde hace tiempo, en los centros educativos riojanos se están llevando a cabo medidas restaurativas con el alumnado. Sin embargo, el hecho de que en ocasiones las medidas adoptadas no surtan el efecto deseado o los alumnos incurran en conductas gravemente perjudiciales lleva consigo la necesidad de que a los centros se les proporcione la cobertura legal que les permita imponer medidas punitivas. Por desgracia, la actual ausencia de cobertura está provocando que entre el alumnado se empiece a respirar un aire de impunidad y que los centros nos estemos sumiendo en un estado de absoluta indefensión”, han criticado.
Asimismo, han indicado desde ADIR, la buena convivencia de los centros se ha puesto en peligro. “Por la excesiva demora en cubrir vacantes de profesorado, así como por la toma posterior de ciertas decisiones que no son sino parches derivados de una errónea planificación. Se trata de un problema que demanda medidas excepcionales, como la contratación puntual de profesores sin el máster de profesorado, tal y como se lleva a cabo en otras comunidades”.
Por último, la asociación ha criticado la implantación de la plataforma GAUSS desde una visión particular de la normativa. “Está causando, con independencia de la intención con la que fue creada, un malestar generalizado entre los docentes. Malestar que, en poco tiempo, puede invadir también a alumnado y familias”. Por todo ello, desde ADIR se solicita a la Consejería de Educación que lleve a cabo de manera inmediata las actuaciones pertinentes que permitan que los centros vuelvan a disponer de la potestad necesaria para garantizar la tan deseada convivencia positiva.
