El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) ha acordado con el apoyo del 98,4 por ciento de los votos emitidos este viernes interponer un recurso de reposición ante la Protección Nacional Transitoria otorgada por el Gobierno vasco a la Denominación de Origen “Viñedos de Álava”.
Lo ha anunciado el presidente del Consejo Regulador, Fernando Ezquerro, en un encuentro informativo al término del Pleno, que ha acordado continuar con las acciones legales a este proyecto, impulsado por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), que ha emitido el único voto en contra. La también asociación de bodegas alevesas ARAEX y la organización agraria alavesa UAGA se han abstenido en la votación, ha precisado Ezquerro.
Con la misma mayoría, el Pleno ha decidido que, en caso de que el Ejecutivo vasco desestime total o parcialmente el citado recurso administrativo, interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En él se solicitará la acumulación a la causa abierta y pendiente de resolución, que ya se inició en noviembre de 2021.
Las asociaciones de bodegas y viticultores que integran la Denominación de Origen Calificada Rioja renuevan de este modo, su posición de rechazo hacia esta iniciativa, así como su compromiso de agotar todas las vías contra lo que considera un aprovechamiento ilícito del fondo de comercio de una enseña reconocida mundialmente y que pertenece a todo un sector.
El Consejo Regulador, que no es un ente abstracto, sino la suma de asociaciones que representan a todos los propietarios patrimoniales del viñedo y las bodegas de Rioja, considera oportuno remarcar ante la opinión pública que la concesión de esta Protección Nacional Transitoria a una nueva Denominación de Origen tiene carácter provisional, hasta que la Comisión Europea determine si da o no luz verde al expediente, y que en su camino hasta Bruselas, el proyecto se ha topado con un extenso dossier de alegaciones, un recurso de alzada y un recurso contencioso administrativo; es por tanto precipitado hablar de la materialización real de una nueva Denominación de Origen.
Del mismo modo, el Consejo Regulador lamenta el daño ya causado a la marca Rioja, que es patrimonio de 571 bodegas y 14.300 viticultores. “Encontrarse en medio del debate político y de algunas decisiones e indecisiones administrativas ha causado ya un gran perjuicio a la imagen de la Denominación, el cual podría verse agravado y resultar irreversible en función del devenir de iniciativas como la de Viñedos de Álava”.
El sector considera especialmente injusto e inconcebible que iniciativas que representan un porcentaje residual de la riqueza que genera la enseña Rioja en sus tres zonas y en el conjunto de municipios y comarcas, puedan llegar a adquirir este nivel de atención de forma artificial y llamativamente desproporcionada.
En este sentido, es importante aclarar una vez más que la iniciativa de ABRA no representa al conjunto de las 232 bodegas radicadas en Rioja Alavesa, sino a un porcentaje menor de éstas. Se trata, por el momento, de El Mozo Wines, Frías del Val, Laukote, Bodegas Maisulan y Solar de Ayala. Sólo estas cinco han firmado el expediente para proponer al Gobierno presidido por Íñigo Urkullu la citada protección, por lo que también serán las que lideren el proceso que ahora prosigue.
Durante la sesión plenaria de este viernes los vocales han realizado la reflexión de que Rioja Alavesa cuenta desde 1998 con la posibilidad de diferenciar el origen específico de sus vinos dentro del etiquetado de Rioja, y que más recientemente se habilitaron figuras como los Vinos de Municipio y los vinos de Viñedo Singular, que aportan aún más herramientas a las posibilidades de diferenciación para ésta y el resto de zonas que comprende la Denominación.
Entre las valoraciones compartidas por los vocales del Pleno en la sesión de hoy, se ha puesto de manifiesto que “estamos a tiempo de evitar un error histórico”, y que “a quien más perjudica esta iniciativa es a los operadores de Rioja Alavesa”. También se ha puesto sobre la mesa la idea de que “crear una Denominación implica un amparo de carácter público, y va más allá de voluntades individuales, máxime en casos como éste, en el que no se justifica una diferenciación que requiera de una protección específica”.
