La Rioja

‘Fumata roja’ al Presupuesto: las claves del acuerdo entre PSOE e IU

Las claves del acuerdo entre PSOE e IU para aprobar las Cuentas riojanas de 2023

La Atención Primaria recibirá el 36 por ciento de la partida asignada a la Consejería de Salud en el Anteproyecto de Presupuestos Generales de La Rioja de 2023, que ya ha sido acordado entre el Gobierno riojano e IU, un aumento que redundará en la atención a la salud mental, a la interrupción voluntaria del embarazo y en la internalización pública del 112.

Así lo ha afirmado este martes la diputada de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, en una rueda informativa de presentación del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo regional, en la que también ha participado el consejero de Hacienda, Celso González.

Moreno ha explicado que también se produce una subida respecto a los Presupuestos de 2022 en la asignación a la Consejería de Salud, que supone un 35 % de todo el Presupuesto de 2023, lo que permitirá, por ejemplo, garantizar “la interrupción voluntaria quirúrgica del embarazo en el ámbito público de La Rioja antes de que acabe la legislatura”.

Para ello, ha proseguido, “se está negociando con profesionales de la sanidad pública riojana, pero, si no se consigue que esas intervenciones se hagan desde la comunidad autónoma, está la certeza de contratar a tiempo parcial a profesiones que vengan a hacerlas, que es algo que impone una ley estatal”.

Ha indicado que el aumento de los recursos en la Atención Primaria va a “garantizar que hay una ratio de profesionales de salud mental que permita atender este tipo de cuestiones”, ya que “es básico abordar la necesidad de la salud mental”.

Recuperación de servicios

Estos Presupuestos amplían la ya anunciada “recuperación de servicios privatizados para lo público”, en concreto, del servicio 112, que en enero de 2023 asumirá la empresa de la Administración pública Sociedad Riojana de Cuidados Integrales lo que “redundará en una mejora de la calidad del servicio”, ha precisado.

Esta internalización del servicio del 112, ha continuado, ya estaba prevista en los Presupuestos de 2022, por lo que “no supone un incremento de los costes ni una reducción, la partida es igual, y se trata de reforzarlo con la contratación de nuevo personal”.

Además, ha señalado que se va a “garantizar” la escolarización gratuita de 0 a 3 años de edad en la red pública de La Rioja, para lo que se va a “intentar usar ese sobrante de plazas por la bajada de la natalidad”, lo que, “en parte, se hará en los centros escolares que ya existen y, en parte, en los centros que se harán”.

FOTO: EFE/Raquel Manzanares.

El consejero de Hacienda ha resaltado que, como ya anunció ayer, día 26, la secretaria de Organización del PSOE riojano, María Marrodán, este Anteproyecto de Presupuestos de 2023 se aprobará mañana, día 27, en Consejo de Gobierno, con un techo de gasto de 1.629,5 millones de euros.

Además prevén que en la misma jornada, se presentará en el Parlamento para comenzar el periodo de enmiendas. Ha incidido en el objetivo del Gobierno riojano de que estos Presupuestos sean aprobados para que puedan empezar a ejecutarse el 1 de enero de 2023, por lo que “veremos la posibilidad de que se puedan incorporar otros grupos parlamentarios para la aprobación”.

“Estos Presupuestos no solo son los del último ejercicio de la legislatura, sino los del primer ejercicio de la legislatura que viene, eso es importante, y la ejecución debe realizarse por el Gobierno que está en la actualidad”, ha asegurado.

Ha destacado que “los riojanos no entenderían que el Gobierno llegase tarde con los Presupuestos, no hay mejor gestión que la de este Ejecutivo progresista, mientras que otros, en 24 años de Gobierno, no cumplieron con el calendario”.

“Pedimos a la oposición que estudie el Proyecto de Presupuestos, haga aportaciones sensatas para avanzar y abandone los cálculos electoralistas, porque su obligación es ayudar a construir La Rioja”, ha subrayado.

Ha destacado que en estos Presupuestos “no se tocan los impuestos”, sino que se mantiene la fiscalidad “justa y exigible, que es necesaria para la redistribución de la riqueza”, y buscan “fortalecer el tejido empresarial, reforzar la protección del empleo y contar con un plan anti-inflacionista”.

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