CARTA AL DIRECTOR

‘¿Algún doctor en la Sala?’

La semana pasada la Universidad de la Rioja se vistió de gala para la Ceremonia de Investidura de los nuevos doctores y doctoras. Estos investigadores, que habían obtenido el título de doctor durante el curso académico 2020-2021, obtenían así un simbólico reconocimiento a su trabajo durante los años que dedicaron a la realización de sus tesis doctorales, cuyos resultados han repercutido y repercutirán positivamente tanto en la sociedad riojana en particular como en el conjunto de la española (y probablemente, mucho más allá de los límites de ambas).

Al fin y al cabo, una tesis doctoral es el resultado de una larga y complicada investigación con la que el doctorando aporta novedades importantes al área de conocimiento en la que desarrolla su trabajo: algunas se centran en problemas concretos que pueden ser trasladados a las empresas para mejorar sus capacidades de producción, otras pueden aportar su granito de arena para mejorar tratamientos médicos, o aportar nuevos conocimientos y perspectivas que mejorarán la calidad de vida de nuestros conciudadanos o que estimularán el desarrollo del pensamiento crítico. Además, la obtención del título de Doctor debería servir como trampolín desde el que lanzarse a desarrollar una carrera académica e investigadora dentro de la universidad o en un centro de investigación (tanto público como privado).

A simple vista, todo lo que acabamos de señalar resulta atractivo. ¿Quién no querría formar parte de ese conjunto de héroes cuyo trabajo mejora nuestras vidas y las de las generaciones futuras? Pero la realidad no es tan brillante como aparenta, tal y como demostraba la publicación reciente de un artículo de opinión firmado por una de las nuevas doctoras de la UR en otro medio. El camino que recorren los investigadores hasta obtener el título de Doctor es largo, tortuoso, requiere muchos sacrificios personales y desgasta psicológicamente a muchos de los que se adentran en él. A continuación, recopilamos algunos testimonios que sirven como muestra de ello, todos ellos anónimos para evitar problemas a futuro. Al final de este texto entenderán por qué.

Durante el Doctorado: precariedad, problemas laborales y exigencia al límite

Cada año la Universidad de La Rioja contrata a diez investigadores predoctorales, cuatro con financiación de la CAR y seis financiados por la propia UR. Con suerte, se sumarán algunos más con contratos financiados a través del Ministerio de Ciencia (FPI-MINCIN) o del de Universidades (FPU). Y decimos bien: son investigadores con un contrato laboral, no becarios. El uso correcto del lenguaje es fundamental en el ámbito académico, y es sangrante que aun muchos docentes y beneficiarios de estos contratos sigan utilizando la palabra becario a pesar de que la Ley de Ciencia, entró en vigor en 2011 y terminó con esta figura. Así, es casi imposible que los investigadores se perciban a sí mismos como trabajadores con una serie de derechos laborales que deben respetarse.

Para quien desconozca de qué hablamos, se trata de contratos laborales, firmados después de haber pasado un exigente proceso de selección, con una duración máxima de cuatro años, cuya finalidad es la realización de las labores de investigación que conducirán al investigador predoctoral a la obtención del título de Doctor. Estas se llevan a cabo en universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs), en las que el trabajador puede asumir tareas de colaboración docente. Este último aspecto resulta de especial importancia, ya que una vez concluido el Doctorado deberán justificar todos los méritos que han acumulado para optar a plazas de docentes en universidades públicas, como veremos.

Ganan menos dinero al mes que el Grupo 1 del Convenio Colectivo de la AGE, cuya formación es similar (ya que pueden formar parte de este aquellos trabajadores que tenga el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes, o Grado). El salario del predoctoral, determinado por los límites de la Ley de Ciencia y el Estatuto del Personal Investigador en Formación, se incrementa de forma progresiva a lo largo del tiempo: el primer y el segundo año, cobran el 56% de la retribución estipulada para el Grupo 1, el 60% el tercer año y el 75% el cuarto. Estos porcentajes han permanecido inmutables desde 2011, incluso en la redacción del EPIPF de 2019 y la última reforma de la Ley de Ciencia. Es más, hasta la reforma de la Ley de Ciencia ni siquiera tenía reconocido explícitamente el derecho a cobrar una indemnización por finalización de la relación laboral, como el resto de los contratos temporales. Cabe señalar, no obstante, que la UR ha abonado estos importes.

Su jornada laboral queda limitada a 37,5 horas semanales sobre el papel, pero en realidad no existe un límite claro. El predoctoral trabaja hasta que termina agotado, hace horas extra no remuneradas y convive con la incertidumbre más absoluta sobre su futuro laboral.

Una compañera, que actualmente desarrolla su tesis doctoral con un contrato predoctoral, nos lo cuenta: «Cuando empezamos la tesis doctoral lo hacemos con muchas ganas y mucha ilusión. Queremos continuar con nuestra formación, hacer algo que nos apasiona. Además, a veces tenemos la suerte de contar con un contrato predoctoral que, recién salidos del grado y máster pertinente, nos suena ideal. El problema viene cuando vas avanzando y te das cuenta de que después de cuatro o cinco años de trabajo casi ininterrumpido, de dedicación máxima y de jornadas laborales interminables, no tienes ninguna seguridad. Sabes, con suerte, que acabarás la tesis. (…) Además, a lo largo de esos años vas a ver que te haces mayor, que quieres la independencia que tienen tus conocidos, pero que tu salario no es suficiente, a veces, ni para cumplir con las obligaciones del doctorado. Porque esa es otra, se nos exige internacionalidad, pero muchas veces no se nos dan facilidades. Las convocatorias de ayudas se retrasan, salen las resoluciones de una anualidad en otoño de ese año, así que, si has tenido que irte antes para poder compatibilizarlo con tu calendario de trabajo, has tenido que adelantar el dinero. Con suerte, cuentas con una red familiar que te apoya y te lo puedes permitir, pero no es algo que deba depender de la familia. Y, aun así, cuando superas toda esa interminable carrera de obstáculos, eres doctor, sí, pero no tienes nada seguro. Lo único casi seguro es que si sigues con la vida académica no vas a tener estabilidad todavía en unos diez años, que te van a seguir exigiendo el 200% y que va a ser en condiciones precarias».

A pesar de todas estas dificultades, el colectivo de investigadores predoctorales rara vez se moviliza en universidades pequeñas. Como una excepción surgida de las circunstancias, en 2017 nació la Plataforma de Defensa de la Dignidad Investigadora de la Universidad de La Rioja, muy activa durante el proceso de negociación del Estatuto del Personal Investigador y en el movimiento que se ha materializado en el nacimiento de la Coordinadora Marea Roja de la Investigación. Esta entidad, de carácter informal, permanece actualmente en un estado de hibernación, y a pesar de que ha llevado a cabo numerosas acciones destinadas a mejorar las condiciones laborales de este colectivo, a penas da muestras de vida, a la espera de que nuevas generaciones de doctorandos y predoctorales tomen el relevo.

Pero no todos los aspirantes a doctores tienen la relativa suerte de acceder a estos contratos o a plazas de Profesor Ayudante no doctor, muy similares a los contratos predoctorales. Un recién doctorado que se ha visto en esta situación cuenta que «compaginar realizar una tesis doctoral con trabajar es casi misión imposible. La dependencia que se tiene del director de tesis a la hora de conseguir el contrato predoctoral es tan grande que apenas importa tu tema de investigación. Para involucrarse en la realización del doctorado sin el contrato hay que estar absolutamente seguro del gusto por la investigación y, sobre todo, por el tema, al que vas a estar unido durante varios años. En mi caso, he compaginado la tesis doctoral con múltiples trabajos temporales, en los que he ido aprendiendo otras cosas, intentando que fueran lo más relacionadas posible con mi tema de estudio. Clases particulares, guía turístico, administrativo, etc., todo para poder pagarme la asistencia a los congresos obligatorios, que son obligatorios, pero que sin el contrato nadie te los paga ni ayuda económicamente. Por tanto, la dificultad de invertir tu jornada laboral en una tesis sin tener contrato te supone esforzarte por sacar prácticamente dos jornadas laborales al día, pues la tesis te exige un grado de concentración tal, que debes sacarlo sin tener en cuenta que al mismo tiempo estás trabajando en otro lugar, sobre otra cosa, con otras personas».

Ya soy doctor… ¿Y ahora qué?

La precariedad y la incertidumbre no termina cuando se obtiene el título, ni mucho menos cuando se celebra la Ceremonia de Investidura. Nos centraremos en la carrera investigadora porque, a pesar de que en determinadas empresas y especialidades no sea la tónica general, haber alcanzado el grado de Doctor, la máxima formación académica a la que es posible aspirar, el Doctorado esta muy infravalorado en el mundo exterior.

A quienes intentan seguir en la Academia y desarrollar una carrera investigadora más allá del Doctorado se les acumulan los problemas. En primer lugar, si desean acceder a plazas de docentes universitarios deben acreditarse a través de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Se trata de una especie de reválida para doctores, en la que se evalúa tu trayectoria hasta ese momento: tus publicaciones científicas, las horas de docencia que has impartido, las estancias nacionales e internacionales que has realizado… Cualquier actividad desarrollada en el ámbito universitario que se pueda considerar «mérito». Porque, además de atender a la tesis, a lo largo del doctorado y del resto de la carrera investigadora y académica debes sumar más y más méritos para tratar de ascender en el sistema de acreditaciones.

Hasta ahora, las figuras a cuya acreditación podías aspirar, correspondientes a las del cuerpo de docentes universitarios laborales, eran las de Ayudante Doctor, la más común entre los recién doctorados; Contratado Doctor, Profesor de Universidad Privada y, correspondientes al cuerpo de funcionarios, Titular de Universidad y Catedrático. Sin embargo, los criterios marcados por ANECA para obtener cada una de estas acreditaciones se vuelven cada vez más exigentes, impidiendo en algunos casos alcanzar cualquiera de ellas. Una doctora de la UR nos comenta que «a pesar de contar con un buen currículum investigador, con buenas publicaciones, presentaciones en congresos internacionales, un premio de investigación y elaboración de materiales docentes, entre otras cosas, no he obtenido ni la acreditación como Ayudante Doctora. ¿Por qué? Porque no he podido asumir tareas docentes durante mi contrato predoctoral, y eso es muy importante. Además, con familiares dependientes y una situación económica y personal muy compleja, no pude realizar estancias ni en España ni fuera, y eso me ha penalizado muchísimo. No quiero ni imaginarme qué hubiera pasado si además hubiera tenido hijos… Ahora no sé qué hacer para solucionar esto, porque sin la acreditación me veo muy limitada a la hora de intentar optar a una plaza de docente».

Esta situación se vuelve aún más complicada si tenemos en cuenta que la propuesta de la LOSU planteada por el Ministerio de Universidades elimina las figuras del Profesor Ayudante Doctor y de Contratado Doctor, lo que aumenta aún más las exigencias para acreditarse en la nueva figura del ‘Profesor Permanente Laboral’, que parece acercarse más a las que hasta ahora se planteaban para el Titular de Universidad que a la del Profesor Contratado Doctor. Además, aunque deja abierta la posibilidad de que las universidades contraten Profesores no Doctores, se estas contrataciones se llevarán a cabo con carácter transitorio durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la nueva norma. En otras palabras, se exigirá aún más a personas que apenas acaban de terminar su formación como doctores, disminuyendo sus posibilidades de prosperar en la carrera académica.
Y estamos dejando fuera (por falta de pruebas y testimonios claros al respecto) otros problemas propios del sistema universitario español en general, como la endogamia universitaria, el perfilamiento de plazas hasta el extremo para que solo un candidato pueda acceder a ellas y el trato de favor hacia determinados investigadores del grupo.

Existe otra vía posible: los contratos de investigación postdoctoral de la Ley de Ciencia. Existen diversas convocatorias de contratos postdoctorales de formación, firmados hasta la reforma de la Ley de Ciencia como contratos ‘en prácticas’ (a diferencia del contrato predoctoral, que cuenta con un código propio), por una duración máxima de 2-3 años. Posteriormente, se podría optar a los contratos postdoctorales de incorporación, aunque la nueva formulación legal ha cambiado este esquema. En principio, al menos uno de estos contratos debía firmarse con una universidad diferente a la de origen del Doctor, incluso preferentemente en el extranjero. De estas convocatorias, la más conocida y reconocida en el ámbito de la investigación es la de las ayudas Juan de la Cierva: ultracompetitiva, con un reducido número de plazas a concurso (lo que provoca un efecto embudo que deja fuera a un número nada desdeñable de doctores recientes), y con una retribución bruta anual de unos 25.300 euros al año.

A esta se suman las convocatorias internacionales, como la que obtuvo una de las doctoras con las que hemos contactado: «En mi caso, defendí la tesis a finales de 2018 y comencé a trabajar en una empresa privada no relacionada con la investigación a principios de 2019. Contacté con el que es mi actual jefe en marzo de 2019 y desde ese momento comenzamos a preparar proyectos para conseguir financiación para mi postdoc. De entre todas las convocatorias a las que me presenté, al final conseguí una Marie Curie, con cierre de convocatoria en septiembre de 2019, la cual se resolvió en febrero de 2020. Debido a la pandemia, no me incorporé a mi actual puesto de trabajo hasta septiembre de 2020. Las dificultades obvias a las que me enfrenté fueron la mudanza a un país extranjero donde no conocía el idioma y la situación sanitaria del año 2020. Además, se sumó que el grupo se trasladó de ciudad también y tuve que montar yo misma el laboratorio desde cero».

Además, entre 2017 y 2020, la UR y el Gobierno de la Rioja también dispusieron de convocatorias propias, muy similares en cuanto a sus características básicas a las Juan de la Cierva. En 2021, sin embargo, la Universidad de la Rioja no convocó estos contratos propios, ya que había una novedad: el Ministerio de Universidades había desarrollado una nueva convocatoria, financiada a través de fondos europeos del programa Next Generation EU destinada a contratos postdoc para doctores recientes: las ayudas Margarita Salas. Se trataba de contratos de dos años de duración, de los cuales al menos uno debía aprovecharse para realizar una estancia en otra universidad o centro de investigación español o extranjero. La remuneración bruta anual en este caso asciende a 42.005,95 euros para las estancias en el extranjero y 33.601,61 euros para estancias nacionales, ambas distribuidas en 12 pagas anuales.

Esta convocatoria está siendo, por su carácter de novedad y la excesiva apertura a la interpretación de cada universidad favorecida por el ministerio, muy problemática. Si bien es cierto que en el caso de la UR no se han detectado problemas como un exceso de retención sobre el salario de los beneficiarios, las investigadoras sí están encontrando numerosos inconvenientes. En este caso, dos investigadoras nos cuentan que han tenido que comprar, pagando ‘de su bolsillo’, material para poder trabajar en su centro de destino (por ejemplo, un ordenador) y que carecen de financiación para asistir a congresos o cursos y problemas para asumir las tareas docentes que posibilita la propia convocatoria. «En mi caso me gustaría destacar que solicité impartir docencia y de primeras me dijeron que no. Ahora parece que sí que me van a dejar unos créditos que parece que sobran, pero no entiendo cómo siendo una convocatoria de la Universidad no han contemplado el dejar unos créditos libres para los Margaritas Salas como hacen con los predoctorales. O al menos tienen mejor predisposición».

También ha generado problemas la rigidez respecto a la cuantía destinada a traslados: «Tampoco entiendo que el dinero de traslado sea única y exclusivamente para el viaje y alojamiento de los primeros días, en mi caso no lo he necesitado para eso, pero si me hubiese venido genial para ira algún congreso, para dotarme de material para trabajar (no me han facilitado ni un portátil donde me he incorporado). Entiendo que es un dinero para traslados, pero, si yo no lo voy a usar, ¿qué pasa? ¿Se pierde ese dinero?». A esta problemática hay que sumar que, de momento, no está claro si esta convocatoria va a ser una de las de ‘excelencia’, valorables para acceder al siguiente nivel en la carrera investigadora: las convocatorias Ramón y Cajal, aún más competitivas y excluyentes.

Y así se mantiene el circulo vicioso de la precariedad y la incertidumbre que lleva a cada vez más doctores a abandonar y a priorizar otros aspectos de su vida personal que, dentro del sistema, se resienten: la vida familiar, el tiempo para el ocio y el descanso, la estabilidad laboral y, por supuesto, el mantenimiento de la salud mental.

Salud mental, acoso y abandono de la carrera investigadora

Este último aspecto, el de la salud mental, cada vez preocupa a más investigadores y profesionales universitarios. Existen multitud de estudios al respecto centrados en los doctorandos, aunque podemos destacar el de los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel A. Sorrel, José Ángel Martínez-Huertas y María Arconada, titulado ‘It Must have been Burnout: Prevalence and Related Factors among Spanish PhD Students’ y publicado en la Spanish Journal of Psicology. Según sus conclusiones, después de realizar un estudio sobre 305 estudiantes de doctorado, el 80 % presentan agotamiento emocional, un síntoma del llamado burnout o síndrome de estar quemado en el trabajo. Además, el 35 % han experimentado problemas de depresión y ansiedad, pero solo el 20% ha recurrido a ayuda profesional. Esta situación se ha agravado, como es visible en el conjunto de la sociedad, con la pandemia de la COVID-19, que mantuvo durante meses los laboratorios, bibliotecas y archivos en los que los investigadores desarrollan sus investigaciones, cerrados, imposibilitando avanzar en su trabajo.

A ello hay que sumar los casos de acoso laboral en el ámbito académico, una realidad aún poco conocida y escasamente denunciada. El último caso que ha incendiado las redes sociales, procedente del ámbito internacional, es el del ‘Caso Guilherme’, un estudiante de la Facultad de Derecho de Bahía (Brasil) que se suicidó durante la defensa de su TCC (trabajo de fin de estudios del sistema universitario brasileño) después de que uno de sus evaluadores hubiera vertido duras críticas sobre su carrera académica. Críticas que, según sus compañeros, fueron «una humillación» para el joven.

A pesar de todo lo expuesto, incluido el acoso, es difícil movilizar al colectivo de doctorandos, doctores recientes y postdoctorales. También es complicado encontrar voluntarios que quieran contar su experiencia dando su nombre y poniendo cara a esta problemática. De hecho, todos los testimonios que hemos recogido para elaborar este texto son anónimos. Cabe preguntarse por qué ocurre esto… Y tenemos también la respuesta: «Nos movemos en un mundo pequeño, estrecho, en el que nos conocemos casi todos. Y sino, conoces a alguien que conoce a alguien que puede hacerte la vida imposible si cree que hablas de más o que puedes ser problemático por el simple hecho de quejarte de algo que consideras injusto. El sistema universitario e investigador es, en general, corporativista: se protege a sí mismo para mantener el privilegio de determinados grupos que lo componen, aunque ello conlleve llevarse por delante a los eslabones más débiles. Tampoco nos acercamos a los sindicatos, tanto porque creemos que no les importan nuestros problemas como porque nos preocupa que nos identifiquen como sindicalistas quejicas en un ámbito en el que todo se justifica con la palabra “vocación”. Estamos muy poco movilizados, al menos en las universidades y Comunidades Autónomas pequeñas. No nos quejamos más y más alto porque tenemos miedo de que nos señalen si lo hacemos… Y eso también merma nuestra salud mental».

*Puedes enviar tu ‘Carta al director’ a través del correo electrónico o al WhatsApp 602262881.

Subir