El fiscal pide cuatro años de prisión para cada uno de los dos acusados de un presunto delito de insolvencia punible cometido con una empresa en Logroño hace más de una década y a los que juzgará este lunes la Audiencia Provincial de Logroño.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha accedido EFE, estos dos acusados se habían puesto de acuerdo para conseguir un beneficio económico a costa de sus acreedores. Para ello constituyeron en 2002 una empresa que, en realidad, carecía de actividad y solo tenía la finalidad de conservar el patrimonio de uno de los acusados, sostiene el fiscal, que detalla cómo esa mercantil cometió numerosas irregularidades en su contabilidad; en particular, las cuentas anuales fueron todas ellas depositadas fuera de plazo, no disponía de inventario, ni de libro de actas, ni libro registro de los socios.
Tampoco se conservaron los libros, correspondencia, documentación y justificantes referentes al negocio debidamente ordenados en el plazo legalmente marcado; además contabilizó obras en curso una vez habían finalizado.
Al cierre del ejercicio 2005, la sociedad presentaba unos fondos propios negativos de 99.345,23 euros, y el fondo de maniobra de la compañía en el año 2004 pasó a ser negativo en 444.896,33 euros, “con lo que resultaba evidente ya en el año 2004, la notoria insolvencia de la mercantil, a pesar de lo cual, la actividad no cesó hasta julio de 2006, sin que por sus administradores, de hecho y de derecho, se solicitara la declaración de concurso”.
FOTO: Raquel Manzanares/EFE.
Fue uno de sus acreedores, al que se debía 405.000 euros, quien solicitó el concurso, en el que los acusados tuvieron “una colaboración escasa” con la administración concursal e incluso llegaron a obstaculizar el acceso al pabellón en el que estaba el servidor informático de la empresa, algo que permitieron cuando habían manipulado los datos, asegura el fiscal.
Además desmantelaron la nave en la que la empresa tenía su domicilio fiscal, en donde destruyeron archivos y obras que habían ejecutado.
Más de 200.000 euros sin justificar
El Ministerio Público explica que los dos acusados dispusieron de cantidades de dinero de la empresa sin justificación, en concreto, 114.000 euros uno y unos 98.000 euros el otro. Detalla, además, que generaron deudas de casi 4 millones de euros, ante 320 acreedores; se adeudaban 317.000 euros a la Seguridad Social, más de 653.000 euros a Hacienda, 3.300 euros al Ayuntamiento de Logroño y 1.714 al Gobierno regional.
Ya en 2010 se falló el concurso de una de las empresas de los acusados, explica el fiscal, que relata como en 2006 habían transferido a otra sociedad varias propiedades y como en 2004 habían constituido otra empresa en la que figuraba como administradora la esposa de uno de ellos, que suscribió una ampliación de capital de la misma por más de 111.000 euros.
Todos estos hechos suponen, para el fiscal, un delito de insolvencia punible, del que considera autores a los acusados y que estaría recogido así tanto en la legislación actual como en la que estaba vigente cuando sucedieron estas cuestiones.
Por ello pide una pena de cuatro años de prisión para cada uno de los acusados y una multa diaria de 12 euros durante 18 meses, lo que supone 6.480 euros; además pide que se haga una relación de acreedores y de los importes que se adeudan.
