La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo borrador presentará este lunes el ministro Joan Subirats, reconocerá por primera vez el derecho al paro académico de los estudiantes, buscará reducir la precariedad laboral y garantizar la financiación del sistema hasta al menos el 1 por ciento del PIB de aquí al 2030.
El proyecto lo hereda el actual ministro de Universidades de manos de su antecesor en el cargo, Manuel Castells, de 79 años, quien renunció al cargo en diciembre de 2021 por motivos médicos.
La iniciativa estrella de Castells provocó un quebradero de cabeza a su negociación ante la dificultad de casar los intereses de estudiantes, rectores y sindicatos. Su sucesor pidió desde un primer momento un poco de tiempo para dejar su impronta en el texto y, además, emprendió una “gira” por todas las comunidades para hablar con los rectores de sus universidades y sus consejeros de Educación.
Uno de los cambios conocidos desde entonces es que la futura ley recogerá por primera vez el derecho al paro académico, de modo que los estudiantes no se expondrán a una penalización si no asisten a clase o no se presentan a un examen por ese motivo.
Entre los principales objetivos de la LOSU, la tercera en democracia tras la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades de 2001, es rebajar los contratos temporales en el sistema universitario del actual 40 permitido al 20 por ciento y subir el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55 por ciento.
Las categorías profesionales con mayor presencia en las plantillas de personal docente e investigador (PDI) son las de titular de Universidad, en el régimen funcionarial, y la de asociado, en el régimen laboral a tiempo parcial, el 28 y el 33 por ciento, respectivamente. Los PDI suman 125.471 docentes, la mitad de los cuales tiene más de 50 años y solo el 19 por ciento menos de 40. Hace unos días, Subirats aseguró que la LOSU garantizará que en diez años un doctor pueda estabilizarse en la universidad, lo que ayudará a rejuvenecer las plantillas del profesorado.
Sobre la posibilidad de promover mejoras salariales para los docentes, aclaró que la LOSU no determinará el nivel de salarios, un aspecto que sí regulará el Estatuto del Personal Docente Investigador, que se prevé comenzar a negociar en el Congreso en la misma semana que se inicie la tramitación de la LOSU. En cuanto a la financiación, se plantea el compromiso de destinar el 1 por ciento del PIB a las universidades públicas, que en la actualidad reciben el 0,7 por ciento.
Esto situaría a España en un punto intermedio de la horquilla de financiación de entre el 0,5 y el 1,5 por ciento del PIB que reciben las universidades públicas de los países de la UE y contribuiría a paliar la merma de recursos públicos que estas instituciones han sufrido en España. Entre 2008 y 2018, la financiación ha descendido un 21 por ciento.
El proyecto de Castells contemplaba asimismo un cambio en la designación de los rectores, un cargo reservado hasta la fecha a los catedráticos, de modo que podrá ser rector cualquier funcionario que tenga tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y haya desempeñado cargos en la Universidad durante al menos 4 años. Finalmente ,no prosperó su idea de que pudiera elegirlo un “comité de sabios”, por lo que en principio se mantiene el sistema del sufragio universal ponderado.
La futura ley quiere luchar también contra la histórica endogamia de la universidad española, de modo que todos los concursos de plazas se publicarán antes en un registro y las comisiones tendrán mayoría de miembros externos a la Universidad. Unido a ello, la intención es aumentar la calidad de los títulos de grado y máster, estableciendo mecanismos de garantía de calidad y robusteciendo las capacidades de empleabilidad.
