Desde hace más de un año soy testigo a diario del abuso que se hacen de dos coches oficiales. Estos coches quedan estacionados sin pasajeros ni chófer en las traseras del Palacio de Justicia, donde esperan a quien imagino ostentará un alto cargo.
Los hechos no son justificables por una urgencia, porque son diarios. Tampoco por seguridad para la persona a la que recogen pues, si así fuera, le recogerían en los aparcamientos subterráneos con los que cuenta el propio Palacio de Justicia. Ni por la falta de aparcamiento, ya que pueden hacer uso de esos aparcamientos subterráneos o incluso, del aparcamiento donde esos coches se aparcan de forma habitual, en la calle Marqués de Murrieta número 54, a escasos 140 metros.
Quisiera recodarles que deberían de dar ejemplo en el cumplimiento de la normativa vigente, entre ella el Reglamento General de Circulación y también de la necesidad de coherencia que debe orientar a toda persona que desempeñe sus funciones profesionales en la administración pública y más en concreto en el Palacio de Justicia.
¿Cómo una persona que desempeña un alto cargo en Justicia puede argumentar una decisión judicial ignorando de forma sistemática el Reglamento General de Circulación? Me despido recordando el artículo 14 de la constitución que dice que los españoles son iguales ante la ley, pero parece que para poner multas o cumplir el código de circulación, no.
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