En los últimos cinco años se han incautado un total de 35 teléfonos móviles en la prisión de Logroño, siendo el año 2021 el de mayor número de confiscaciones, con catorce. Así lo ha comunicado el sindicato ACAIP-UGT, que destaca “el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en las prisiones”.
En muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones. Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones, como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y las relacionadas con el narcotráfico.
El sindicato subraya que el uso de móviles en el centro puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos, por ello “los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos”, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales, al ser sus componentes de plástico.
Dónde los esconden
De hecho, “podemos encontrarlos en los lugares más insospechados, como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos”, por lo que “es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada”.
“Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones y la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario, por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado, para evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior”, apunta el sindicato.
Pero todo esto requiere, a su vez, “del correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías. Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito”.
Desde ACAIP-UGT insisten en la necesidad de “ocupar todas las vacantes”, ya que “las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas”. Además, “hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarla a las nuevas funciones. Por eso es preciso retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución”.
