El logroñés acusado de introducir en España aves protegidas desde Perú ha rechazado en una vista celebrada en la Audiencia Nacional ser extraditado a este país tal como reclaman las autoridades peruanas.
El fiscal ha considerado que no procede la entrega a Perú del reclamado, A.S.O., ya que los hechos de los que se le acusa por las características de los animales que se intervinieron no están tipificados en el Código Penal español y en todo caso en España se trataría de una infracción administrativa.
El reclamado fue detenido hace dos años por unos hechos supuestamente cometidos en Perú en junio de 2016 cuando trataba de transportar, ocultas en el equipaje, una treintena de especies distintas de aves protegidas, como tucanes y otras amenazadas.
Las autoridades peruanas le arrestaron y le prohibieron salir del país junto al considerado cabecilla de la red para la que supuestamente trabajaba pero acabó volviendo a España, donde fue detenido.
Las autoridades peruanas le reclaman para ser juzgado por un delito agravado de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre penado en Perú con hasta siete años de prisión por unos hechos que en España según ha dicho el fiscal se corresponderían con una infracción aduanera.
El fiscal ha explicado que para que haya delito de contrabando el valor de los bienes debe ser igual o superior a 50.000 euros y ha añadido que aunque alguna de las aves que iba a transportar estaba protegida, como el cabezón tucán, no se da dicho requisito ya que según la información remitida por Perú el valor comercial de las aves intervenidas ascendería a algo más de quinientos euros.
Ha aclarado que el Código Penal español no protege las especies silvestres peruanas ni respecto a actos como su introducción mediante importación ilegal en España. Ha añadido que de esta forma no se da el requisito para la entrega consistente en que los hechos estén igualmente tipificados en los códigos penales español y peruano.
Juicio en España
Subsidiariamente el fiscal ha añadido que tampoco cabría la extradición ya que al tratarse de un ciudadano español en todo caso tendría que ser juzgado en España. La abogada defensora del reclamado se ha adherido a los argumentos del fiscal.
Gracias a dicha operación de Perú el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil puso en marcha la operación Suzaku, que culminó en noviembre de 2017 con la detención de 29 personas integrantes de una organización a la que pertenecía supuestamente el reclamado, que se dedicaba a la introducción ilegal en España de aves y huevos adquiridos en diversos países de Latinoamérica y África
