El portavoz de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la futura Ley de Caza de La Rioja, Eduardo Cornejo, ha mostrado su “sorpresa” ante el anuncio realizado esta semana por el Ejecutivo regional de la aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de Ley de Caza y Gestión Cinegética de La Rioja.
Una decisión que ha calificado de “atropello” y que “carece de ética”, ya que “está en marcha una ILP precisamente para debatir en el Parlamento riojano la futura Ley de Caza de la comunidad”. Este nuevo acto por parte del Gobierno “viene, una vez más, a corroborar el nulo diálogo entre la Administración y las partes implicadas”, lamenta.
“El único afán era sacar adelante su proyecto; un proyecto que no ha contado con el apoyo de las partes implicadas y que solo ha sido redactado y elaborado de manera unilateral por la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica”, ha denunciado Eduardo Cornejo, presidente de la Federación Riojana de Caza y portavoz de la Comisión Promotora.
Desde que la FRC presentó su ILP “solo ha habido trabas y malas formas” por parte del Gobierno y del Parlamento, ha señalado Cornejo. Ha recordado que la Mesa del Parlamento ha ordenado a la Comisión Promotora de esta Iniciativa Legislativa Popular que paralice la recogida de firmas y que entregue las que ha reunido, acto que se ha producido este jueves.
“Son casi 20.000 los apoyos que ha obtenido, en apenas mes y medio, esta ILP, a falta de más de un mes para que finalizara el plazo legal, por lo que se ha superado con creces las 6.000 firmas necesarias para que sea tomada en consideración. Si nos hubiesen dejado desarrollar la campaña hasta el final, hubiésemos sumado casi 40.000. Muchísimas más que cualquier otra ILP presentada en la comunidad”, ha añadido Cornejo.
Por ello, y como ya anunció hace unas semanas, se va a interponer un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos, ya que “ni el presidente de la Cámara ni la Mesa del Parlamento son competentes para paralizar la recogida de firmas”.
“En todo momento nuestro proceso ha sido legal, popular y transparente, no así la manera de actuar de un Gobierno que no ha dialogado para elaborar un texto consensuado. Dicen que son un gobierno progresista, que escucha y dialoga, pero no es así”, considera Cornejo. “No tienen respeto ante una iniciativa popular recogida en la Constitución Española; no les importa lo que opinemos los demás, ellos querían imponer su ley y ya”.
“Lo único que pedíamos era que el Ejecutivo reconsiderase ese anteproyecto de Ley, que había sido elaborado sin contar con las aportaciones de las partes implicadas, y que nos escuchara. Y no lo ha hecho”, ha lamentado.
Cornejo no descarta movilizaciones para protestar por esta decisión del Ejecutivo de aprobar su anteproyecto que, insiste, “termina con el actual modelo de caza social, por mucho que lo niegue el consejero Álex Dorado. La nueva ley pretende convertirlo en un negocio lucrativo, donde cualquiera pueda constituir un coto y que cace en él solo quien quiera el propietario y terminar, por tanto, con una importante fuente de ingresos para ayuntamientos y mancomunidades”.
