Los profesionales del Servicio de Radiología del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública se han concentrado este martes ante el Palacio del Gobierno de La Rioja para exigir al Ejecutivo regional garantías reales de recuperación de la cartera de servicios del SERIS y de sus plazas estatutarias.
Ambos han asegurado que llega la hora de reintegrar a la sanidad pública, “cuya privatización comenzó a llevarse a cabo con el PP”, el contrato de radiología que ha supuesto un desembolso para las cuentas públicas de más de 46 millones de euros y que finaliza el próximo 31 de mayo.
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha exigido su devolución en toda su extensión y en las mismas condiciones de dependencia del sistema público de salud. “Cualquier otra decisión supone alterar esas condiciones dejando abierta la posibilidad a nuevas y futuras privatizaciones”. En consecuencia, han indicado, se hace necesario modificar la Ley de Salud de La Rioja para que establezca la protección de los servicios públicos de salud, evitando con ello que un simple decreto vuelva a privatizar la radiología.
Foto: IU Rioja
Además, han manifestado su disconformidad por la falta de transparencia de la consejera de Salud, Sara Alba, en el proceso de devolución de radiología y solicitan su comparecencia en el Parlamento de La Rioja para que públicamente informe de los pormenores y problemas que pueda plantear el reintegro al sistema sanitario público.
Han exigido que la Consejería de Salud proceda de forma inmediata a “recuperar” para los presupuestos públicos los más de cuatrocientos millones que se han pagado a beneficio de las empresas con las que se contrataron servicios sanitarios que eran públicos. “De no hacerlo Alba será cómplice de la política de privatizaciones llevada a cabo por el Partido Popular”, han ratificado.
Finalmente, han señalado con que la prestación de los servicios públicos desde el sector privado tiene mayor coste económico que si se ofrece desde el sector público, que además aporta más calidad asistencial y garantías sanitarias. “No puede haber más dilaciones ya que no hacerlo supone malgastar el dinero público e incumplir sus compromisos con la ciudadanía y con la salud pública”.
