La directora general de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda, Beatriz Arraiz; el gerente del Instituto de la Vivienda de La Rioja, Francisco Javier Caldito, y el director general de Servicios Sociales, Jorge Fraile, han informado este jueves sobre la orden, ya en vigor, que regula el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables y que estará dotada con un importe total de 700.000 euros, provenientes del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
“El programa nos permite completar el círculo de protección social en materia de vivienda que ha tenido como prioridad este Gobierno desde el inicio de la legislatura, al facilitar una solución habitacional inmediata a estos colectivos, a través de la concesión de ayudas directas, en un contexto agravado por el impacto del COVID-19, y hacer frente, así, a situaciones de clara emergencia social”, ha detallado Arraiz.
La directora general de Vivienda ha enfatizado que este programa amplía la protección social proporcionada en programas anteriores del Plan Estatal de Vivienda. “Hasta ahora existían programas, muy limitados presupuestariamente, que sólo se dirigían a personas objeto de desahucio. Y, en este caso, se amplía a víctimas de violencia de género; personas sin hogar o que viven en viviendas inseguras o inadecuadas; personas que perciben Renta de Ciudadanía, Ingreso Mínimo Vital o personas alojadas sin título, cuya situación, además, es de especial vulnerabilidad por sus condiciones sociales o familiares”.
Arraiz ha destacado que “la colaboración con el IRVI y, en esta ocasión también, con la Dirección General de Servicios Sociales, nos va a permitir hacer frente de forma más efectiva y eficiente a las situaciones más difíciles de los ciudadanos”.
Hasta 600 euros al mes o incluso 900 en determinados casos
La directora general de Vivienda ha informado de que “los pagos de estas ayudas finalistas se harán siempre al arrendador. La cuantía de la ayuda podrá alcanzar hasta los 600 euros al mes y se verá graduada respecto a la situación económica del beneficiario. En caso de familias numerosas o cuando una persona con discapacidad o dependencia forme parte de la unidad de convivencia y sea necesaria una solución habitacional adaptada a sus características, la ayuda podrá ser de hasta 900 euros al mes. Asimismo, se otorgará hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con el límite del cien por cien de los mismos”.
La ayuda también podrá concederse para hacer frente al impago de los seis meses anteriores a la fecha de concesión de la ayuda para evitar desahucios en personas que presenten estas condiciones de especial vulnerabilidad.
La ayuda se concederá por cinco años, con un seguimiento anual de la situación de las personas para adaptar el apoyo a las necesidades, y es incompatible con otras subvenciones públicas con la misma finalidad.
“Ampliamos con esta orden el paraguas de protección social del Gobierno de La Rioja, junto a la creación del Parque de Vivienda Público en Alquiler, la segunda convocatoria de las ayudas al alquiler para situaciones de vulnerabilidad sobrevenidas por el COVID-19 y las propias ayudas al alquiler generales y para jóvenes”, ha enfatizado Arraiz.
Gestión de las ayudas a través del IRVI
“El Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) será entidad colaboradora y el instrumento operativo que gestionará el programa de ayudas y pondrá a disposición de la persona beneficiaria una vivienda adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización para ser ocupada en régimen de alquiler y que provendrá principalmente del nuevo Parque de Vivienda Social del Gobierno de La Rioja”, ha detallado el gerente del IRVI, Javier Caldito.
La ayuda también podrá aplicarse sobre viviendas de titularidad privada o de titularidad de entidades sin ánimo de lucro si no hubiera otras soluciones habitacionales públicas disponibles. En estos casos, el IRVI actuará como intermediario y el arrendador o cedente de uso será el propietario de la vivienda.
El gerente del IRVI ha subrayado que “con esta orden las instituciones públicas del Gobierno de la Rioja se coordinan para mejorar los servicios públicos y las necesidades extraordinarias de vivienda para colectivos más vulnerables o de ciudadanos que sin formar parte de ellos, esta crisis COVID-19, les ha cambiado la vida. Afrontamos esta nueva etapa y esta orden desde una mirada social, trabajando para hacer frente a situaciones provocada por esta crisis sanitaria, social, económica, siempre al lado de quien más lo necesita”.
Caldito ha resaltado: “Esta orden se suma a la acción social del IRVI. El IRVI forma parte del eje de la vivienda social del Gobierno de la Rioja como instrumento para la protección del derecho a la vivienda, siendo un escudo de protección para los colectivos vulnerables y la vulnerabilidad sobrevenida por el COVID-19. Avanzamos para no dejar nadie atrás en la protección de un derecho básico como es la vivienda”.
Compromiso con las capas sociales más desfavorecidas
Por su parte el director general de Servicios Sociales, Jorge Fraile, ha reiterado “el inquebrantable compromiso del Gobierno de La Rioja con las capas sociales más desfavorecidas y, en este sentido, sigue diseñando políticas públicas que permitan mitigar los efectos sociales de la pandemia sobre los riojanos y riojanas”.
De esta forma ha destacado la aplicación de esta Orden “que ya posibilita que las mujeres víctimas de violencia de género puedan solicitar esta nueva ayuda si cuentan con una resolución judicial, un informe del Ministerio Fiscal en el que figuren indicios de que la demandante es víctima de violencia de género o con la acreditación de violencia de género expedida por la Dirección General de Justicia e Interior o la de Servicios Sociales”.
Asimismo, la protección de esta Orden se extiende igualmente “a las personas sin hogar o especialmente vulnerables, consideración que deberá ser informada por los Servicios Sociales de las administraciones locales correspondientes”, ha matizado Fraile. Y, en este punto, Fraile ha agradecido la dedicación y labor de los servicios sociales de primer nivel.
En definitiva, ha concluido, “el Gobierno de La Rioja, y el trabajo coordinado entre sus consejerías, debe seguir velando y protegiendo a los colectivos más vulnerables, porque las consecuencias económicas que la pandemia está dejando en nuestra sociedad afectan a todo el mundo, pero muy especialmente, a aquellos colectivos vulnerables que ya venían de una situación difícil mucho antes de la llegada del COVID-19”.
