“No aparece debidamente justificada la perpetración del delito”. Es el motivo por el que la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño ha decretado el archivo de la causa abierta contra nueve concejales de la anterior corporación en el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, la secretaria municipal y la interventora por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
Según avanza Diario La Rioja en su edición de este sábado, el juzgado ya ha finalizado las diligencias de investigación y cuenta con un informe datado el 18 de junio, en el que exime de responsabilidad penal a los cargos anteriormente citados, entre los que se encuentran representantes de todas las formaciones políticas representadas entonces en el Ayuntamiento (PP, PSOE, Cs e IU).
Los encausados -entre ellos el anterior alcalde, Rubén Gutiérrez (PP) y la actual regidora, Ana Belén Martínez (PSOE)- acudieron a declarar en calidad de investigados el pasado mes de noviembre, después de que el Ministerio Fiscal instara a investigar el pago de facturas al despacho Barinaga Abogados “sin seguirse los trámites de contratación legalmente establecidos” y la adjudicación por parte del Ayuntamiento “sin ningún tipo de control previo” del servicio de asesoramiento jurídico “presuntamente ‘a dedo'”.
La causa –avanzada en exclusiva por NueveCuatroUno– tenía como base la aprobación en el pleno municipal del pago de minutas por valor de 128.167 euros al citado bufete por los servicios prestados en la defensa del Ayuntamiento ante varias causas. «El acta (del pleno en el que se aprobó el pago) no refiere que la Alcaldía levantara reparos, lo que presupone que no se aportaron por la Intervención o por la Secretaría», indicaba el texto tomado en consideración por el fiscal, lo que motiva la imputación de ambas figuras.
Tomás Santolaya -derecha-, exalcalde de Villamediana, declara ante la comisión de investigación en el Parlamento.
La jueza, eso sí, mantiene la investigación abierta contra el exalcalde de Villamediana, Tomás Santolaya, que se negó a declarar en los juzgados, al entender que pudo incurrir en prevaricación al adjudicar ‘a dedo’ los servicios de asesoramiento jurídico del consistorio a Barinaga Abogados en cuatro procedimientos abiertos contra el Ayuntamiento hasta el año 2017.
