La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UPA Rioja) emitió este martes una carta dirigida a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, a la la consejera de Agricultura, Eva Hita y a la directora General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, para mostrar su disconformidad en el reparto de las ayudas a la cosecha en verde.
En concreto, la organización agraria destaca que “ha habido dos solicitudes que se han atendido en el total de su superficie admisible, sumando 106 hectáreas, los que supone el 40 por ciento de la superficie total adjudicada. Ambas fincas, vinculadas a bodegas o grandes propietarios”.
“Estas hectáreas son la suma de los sobrantes del reparto de las solicitudes de todos los agricultores, por lo que el reparto se podía haber hecho de una manera más equitativa y de acuerdo con la filosofía de la norma, que prima la retirada del máximo potencial productivo posible”, recalca.
“Además, la parcela mayor, complementada con el sobrante, es una finca con muchas marras y nula producción. En estos momentos, este tema está desquiciando a muchos agricultores de toda La Rioja. Se trata de un reparto poco lógico teniendo en cuenta que la reasignación se podría haber realizado de forma legal con carácter social”, añaden en el escrito.
UPA critica que, por parte del Gobierno de La Rioja, “no se haya complementado el presupuesto de vendimia en verde para amparar a todas las solicitudes de los viticultores. Con muy poco esfuerzo económico se hubieran atendido todas las solicitudes que se han quedado fuera de la convocatoria debido al prorrateo. Sin embargo, se ha puesto mucho acento en la cuantía económica destinada a facilitar las transacciones de uva por parte de las bodegas, sin garantía de precio justo a los viticultores”.
Asimismo, la organización demanda a la Consejería que aquellos solicitantes que se acojan a los avales de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) para la compra de uva a viticultores riojanos estén supeditados a un contrato de compraventa de acuerdo con la Ley de la Cadena Alimentaria, que garantice un precio por encima de los costes de producción y el cobro en los plazos establecidos.
“De esta manera, el viticultor sería beneficiario de esta medida que le debe garantizar un precio digno y unas condiciones acordes a la normativa. De lo contrario, esta organización no ve el beneficio por el esfuerzo económico para la renta de los viticultores”, sentencia.
