La pandemia de COVID-19 ha hecho saltar por los aires prácticamente todos los proyectos y planes anunciados hace meses, pero hay un departamento del Gobierno de La Rioja que mantiene su rumbo fijo. Pese a los importantes cambios que ha sufrido el curso escolar por la ausencia de alumnos en las colegios e institutos de la comunidad, el consejero de Educación, Luis Cacho, continúa con su hoja de ruta marcada al comienzo de la legislatura.
En las últimas semanas, a las puertas del proceso de escolarización del curso 2020-21, la Consejería de Educación ha anunciado que suprimirá diez líneas en la educación concertada. Suficiente para avivar una polémica entre los centros damnificados y la oposición. La creación de la ‘ventanilla mixta’, por la que se podrá hacer la escolarización de forma presencial y online, ha sido bien recibida por todos. Tiempo de cambios.
– ¿Por qué ha decidido la Consejería de Educación eliminar diez líneas en la educación concertada?
– Es un proceso que se debe hacer de oficio regularmente. Todos los años se procede a una revisión del grado de saturación del sistema educativo, tanto público como concertado, porque siempre hay un desajuste entre la oferta y la demanda por motivos demográficos. Por ejemplo, como ocurrió en la crisis financiera con el regreso de población inmigrante, los movimientos entre barrios o cambios en los centros educativos por filosofía, proyecto educativo…
Una vez al año se hace una valoración mediante un proceso tipificado en la normativa: la ratio de cada unidad concertada se comparará con la ratio media pública equivalente en su localidad. En La Rioja no se había hecho así hasta ahora sino con procedimientos más favorecedores para la educación concertada. Por ello, debemos equilibrar este desajuste histórico, que ha favorecido con un crecimiento del presupuesto en la educación concertada de más de un treinta por ciento acumulado en la última década y en la pública ha sufrido un recorte importante.
– ¿Y por qué se eliminan sólo líneas en la concertada y no en la pública?
– Analizando el proceso de creación y supresión de unidades, vemos que en la última década el balance de la concertada es positivo en diez unidades y el de la pública es negativo en quince. Hay un diferencial de veinticinco unidades que se deben recuperar de forma progresiva y moderada. También hay que ganar en sostenibilidad económica del sistema porque es importante aclarar que hablamos de plazas vacantes. Hablamos de una reorganización de unidades garantizando en todo momento las plazas para los alumnos.
Todos los alumnos del sistema concertado van a tener su continuidad garantizada en el centro concertado de su elección. Y si la demanda así lo hace, cada año se pueden crear unidades concertadas. Por ejemplo, este año hemos creado tres nuevas por la evolución en la demanda de los centros.
– ¿Hay un ahorro estimado de lo que supone esta decisión?
– No se hace para ahorrar una determinada cantidad de presupuesto. Se utiliza aplicando los instrumentos establecidos que utilizan prácticamente todas las comunidades autónomas de España: comparar con la ratio media pública. Dentro de esas unidades que son suprimibles por su baja ocupación, se valoran aspectos extraordinarios que pueden hacer que se pueda tener una consideración excepcional con esas ratios bajas. Por ejemplo, atender a una población escolar en desventaja social o socioeconómica, centros con un proyecto de especial innovación educativa o centros de creación reciente que están todavía creciendo y alcanzando sus ratios naturales.
En definitiva, hay un proceso abierto en el que estamos estudiando las ratios y la Consejería hace una propuesta. Los centros afectados presentan unas alegaciones y sale una resolución final, tal vez considerando alguna una excepción, con una reducción de unidades que permita no elevar las ratios, ya que el horizonte superior es la ratio media pública. Al fin y al acabo, se trata de encontrar ratios similares entre los dos sistemas y que no haya un coste social por plazas vacantes.
– ¿Esperaban que la decisión levantara tanta polémica?
– La decisión ha sido manipulada por algunos grupos de interés e ideológicos afines. A veces, de forma burda para crear confusión y ruido mediático, aunque también generan ansiedad y sufrimiento psicológico y emocional en la población. Queremos expresar claramente que esto no es una persecución ideológica ni un plan para acabar con la enseñanza concertada en La Rioja. Es un proceso de reequilibrio después de un periodo muy prolongado y muy acusado de favorecer a la concertada en detrimento de la pública.
– Hay quien dice que Henar Moreno (IU) es la consejera de Educación en la sombra. ¿Están condicionadas sus decisiones por la líder de IU?
– Es cierto que hay un programa firmado por ambos partidos (IU y PSOE) que el Gobierno y yo asumimos. Es un programa amplio y ambicioso al que después hay que poner orden, prioridades y cantidades. Primero tiene que ser posible, ya que muchas líneas programáticas suponen importantes cantidades de presupuesto, otras tienen dificultades técnicas, normativas, legislativas… Lo que puedo decir es que no hay un planteamiento ideológico.
La reducción de unidades concertadas se produce por motivos fundamentalmente económicos para encontrar un equilibrio entre las dos redes, que ahora mismo están desequilibradas. Y tampoco hay que dar por supuesto que se vaya a mantener con el mismo ritmo de reducción. Cuando se encuentre un mayor equilibrio, posiblemente se supriman menos unidades que en esta ocasión. No hay ideología. Sí que hay respeto a unas líneas programáticas, que son fundamentalmente de carácter económico: mayor equidad, igualdad e inclusión. No sólo reduciendo líneas concertadas sino con el resto de líneas programáticas.
