Las sexólogas riojanas Ruth Arriero y Bárbara Saenz han acudido a los tribunales para defenderse de las personas que las están amenazando desde hace casi un año. Los hechos, según han desvelado este martes, se han agravado desde la publicación de varios mensajes por parte de Vox: “Nos han puesto en el punto de mira y esto se ha convertido en un auténtico boicot a nuestro trabajo”.
Así adoctrinan a menores de 6 años en sexología en las escuelas de La Rioja.
✅ Por esto es fundamental el #PINParental que propone VOX.
Para que los padres puedan negarse a que sus hijos asistan a estas charlas y talleres que suponen una perturbación de la inocencia infantil. pic.twitter.com/2dRpaIayGm
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 19, 2020
Ambas han denunciado que sufren una campaña de acoso, odio y difamaciones por parte de varios grupos de ultraderecha. ¿El motivo? Sus charlas en varios centros educativos de la región desde Serise, un proyecto que ha nacido como el primer Servicio Riojano dedicado en exclusiva a la atención a la Sexualidad y especializado en este campo.
“Los objetivos que recogemos en nuestras intervenciones y programas son el respeto a la diversidad, por lo que se previene el bullying y el acoso”, ha explicado Ruth Arriero, quien ha incidido en que “pretenden trabajar en que la igualdad en derechos de hombres y mujeres sea una realidad, prevenir los abusos sexuales, prevenir la violencia de género y promocionar los buenos tratos y amores”.
“Que no quieran que en las aulas se eduque en el respeto a la diversidad se ha convertido en un boicot a nuestro trabajo, hacia dos simples trabajadoras que sólo queremos ejercer nuestra profesión”, ha señalado Bárbara Saenz. Por ello, han interpuesto las acciones judiciales correspondientes y han indicado que no dudarán en seguir actuando contra aquellas personas o sectores que promuevan campañas de odio, acoso y difamaciones.
Apoyo del Gobierno de La Rioja
La directora del Observatorio de Derechos Humanos de La Rioja, Sara Carreño, ha comparecido este martes con las trabajadoras de la empresa que imparte talleres de educación sexo-afectiva en centros educativos riojanos.
El Gobierno regional ha respaldado su trabajo “frente a las graves amenazas que han recibido de formaciones de ultraderecha que las han colocado en la diana” y para apoyar a la comunidad educativa “y a todas aquellas personas que se sientan coaccionadas”, insistiendo en que “es una vergüenza nacional que se esté intentando coaccionar a la comunidad educativa y que se esté atacando a la libertad e igualdad”.
Carreño ha criticado “las graves amenazas que están sufriendo estas profesionales del Serise” y ha dicho que es “sumamente grave” que “se señale y difame a unas profesionales que están trabajando en nuestras aulas para fomentar el respeto a la diversidad e impartir los valores de libertad e igualdad que son los que nos unen en esta sociedad”.
Según ha recalcado directora “no son las trabajadoras quienes deciden los contenidos que se imparten en las aulas” y ha defendido que “estamos hablando de unos contenidos que van encaminados a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, a fomentar la igualdad entre distintas identidades sexuales, a prevenir la violencia de género que no pueden quedar a la elección de los padres y madres porque la educación pública no puede ser a la carta de cada persona”.
La responsable del Observatorio de Derechos Humanos ha afirmado que “nos consta que hay grandes presiones a la comunidad educativa, a directores de centros, a los equipos educativos, así como una denuncia interpuesta al centro educativo Vicente Ochoa”, todo ello dentro de una campaña de “odio” que se ha cebado con unos talleres “que obedecen a la primera medida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se vienen realizando desde hace años, están dentro de la programación escolar y nunca habían supuesto ningún problema”.
Para Carreño el veto parental supone “un ataque a la libertad, a la comunidad educativa y a la educación en los valores de los derechos humanos” y ha asegurado que “vamos a luchar contra esta ideología del odio que está extendiendo”, anunciando que el observatorio va a iniciar “una ronda de contactos con sindicatos, asociaciones de madres y padres y colectivos de la sociedad civil, para que denuncien cualquier tipo de coacción o amenaza que puedan recibir de estos grupos de extrema derecha que están vulnerando los derechos constitucionales a la educación y a la libertad”.
