Me gustaría utilizar estas líneas para exponer mi opinión, como madre, de la polémica causada con el llamado ‘pin parental’. Desde mi punto de vista, la educación de los niños está avalada por la Constitución en su artículo 27, por los puntos 2 y 3:
– Artículo: 27.2.: La educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
– Artículo 27.3.: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Por lo tanto, la enseñanza en España debe de cumplir ambas condiciones y no solo una de ellas. La polémica está surgiendo porque determinadas opciones políticas solo están reconociendo el punto 27.2, pero desprecian e incluso ignoran deliberadamente en sus manifiestos el propio artículo 27.3.
Esconder deliberadamente un artículo constitucional supone no reconocer el propio artículo. Es tan sencillo como eso. La libertad de educación que otorga la constitución tiene que ser amparada por los poderes públicos, más allá de su propia ideología. Aquí no estamos hablando de reconocer o no si tiene que haber clase de matemáticas o ciencias sino que en determinadas actividades extraescolares o extracurriculares los padres y las madres tienen derecho a opinar, valorar y decidir si consideran son apropiadas para sus hijos. Es de sentido común; no es un veto, sí es un control parental.
Sirva como ejemplo que las cadenas de televisión tienen una opción que se llama ‘pin control parental’ y que nadie discutimos y todos aceptamos y es la potestad de las personas mayores de edad de establecer, en función de sus convicciones, si determinados contenidos tienen que ser o no accesibles para sus hijos. Eso se llama patria potestad y es un derecho que ampara por Ley a los padres. ¿Qué padre o madre no quiere la mejor educación para su hijo o hija? Sería ridículo negarlo. Entonces, ¿cuál es el problema?
En los últimos días hemos podido comprobar en los medios de comunicación y en las redes sociales determinadas declaraciones realizadas por cargos políticos del nuevo Gobierno, cuyos departamentos están directamente involucrados en determinadas actividades extracurriculares, que resultan tremendamente ofensivos para un gran número de padres y madres.
Estas declaraciones no ayudan a entender cuál es la finalidad real de determinadas actividades y, sobre todo, si son realmente útiles y necesarias. Bajo mi punto de vista, algunas actividades pudieran no ser ni aceptables ni apropiadas para niños y niñas menores de edad; y acentúan la convicción de los padres y las madres que estas actividades deben de ser consensuadas de antemano y en ningún caso consideradas obligatorias. Si hablamos de democracia y respeto a la Constitución, ¿qué problema existe en aceptar que se cumplan, a la vez, los dos artículos mencionados relacionados sobre la educación?
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