El Ayuntamiento de Albelda ha explicado este miércoles que la Fiscalía ha acusado a todos los concejales del Consistorio -entre los años 2011 y 2019 y de diversos grupos políticos-, así como a los técnicos municipales, por una presunta prevaricación urbanística.
Este matiz, ha destacado, hace que las investigaciones se centren no sólo en la alcaldesa Rosana Zorzano, como había informado un diario local hace varios días, sino en todos los representantes políticos.
“La denuncia está fundamentada simplemente por el hecho de haber acordado en el Pleno, por unanimidad, imponer sanciones por infracciones urbanísticas, precisamente por las construcciones a las que se refiere la denuncia. Infracciones muy cuantiosas, por otra parte”, ha indicado el Ayuntamiento de Albelda en un comunicado.
El Equipo de Gobierno Municipal considera que se trata de una denuncia “peregrina” y que pretende acusar a más de una docena de concejales y técnicos de cometer supuestos delitos durante ocho años sin que entre casi veinte personas nadie se opusiera.
“Hay que recordar que el propio Ayuntamiento ha abierto los oportunos expedientes sancionadores, imponiendo las pertinentes multas. De hecho, es el propio Ayuntamiento el que ha facilitado la práctica totalidad de la información y documentación que maneja el Fiscal en plena colaboración y transparencia, con más de 3.000 folios remitidos a la Fiscalía. En todo caso, todas las licencias concedidas venían amparadas por los preceptivos informes técnicos favorables”, han añadido desde el Consistorio.
Por último, “confiando y colaborando con la Justicia”, el Ayuntamiento de Albelda tiene la seguridad de que todos los hechos y consideraciones jurídicas de la denuncia serán totalmente justificados cuando disponga el Juzgado y por tanto archivada la denuncia sin imputación alguna.
Según habían confirmado fuentes del Ministerio Fiscal al diario La Rioja, se había solicitado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que indagase sobre determinadas construcciones de la localidad al sospechar que se habían edificado, ampliado o reformado sin cumplir con la legalidad vigente.
