El Consejo de Gobierno ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Protección de Animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Para ello, ha encomendado a la Dirección General de los Servicios Jurídicos la representación y defensa del Consejo de Gobierno en este recurso.
El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, ha explicado que dicho recurso viene motivado, “porque esta Ley tiene unos problemas muy serios de inconstitucionalidad y el Gobierno de La Rioja tiene encomendada la defensa de la legalidad”.
Asimismo, ha argumentado que el Ejecutivo regional es el encargado de ejecutar dicha Ley, “de modo que si no recurriéramos estaríamos poniendo a la Administración pública riojana en la tesitura de cumplir unas órdenes que son inconstitucionales”.
La portavoz del PSOE en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, ha señalado que el recurso anunciado por el Gobierno es “un error garrafal, ya que el Ejecutivo no tiene legitimación para ello. Con ese anuncio, Ceniceros hace un ridículo mayúsculo y tomó una decisión equivocada”.
“El Gobierno ha tomado el acuerdo sobre algo que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que no se puede hacer y que le niega taxativamente esa posibilidad. Todo esto no es más que un ridículo espantoso para los riojanos”, ha incidido Andreu.
Antes del 28 de febrero
En concreto, el recurso de inconstitucionalidad, “que se impondrá antes del 28 de febrero”, ha concretado Domínguez, se referirá, al menos, a los artículos 10, 30, 35, 43, 44, 45 y 47 que tienen relación con el sacrificio de los animales, actuaciones de inspección y registro, así como la venta, donación y cesión de animales. A ello se suman discrepancias en materia del régimen de infracciones.
El Gobierno de La Rioja considera que la Ley de Protección de Animales invade competencias estatales y contraviene diversas normas básicas dictadas por el Estado. Del mismo modo, con la nueva regulación cree que se imponen sanciones administrativas para infracciones como el maltrato animal que ya son delitos según el Código Penal y se vulnera la autonomía de los municipios al obligarles a tener un centro de acogida de animales.
Para el Ejecutivo riojano, las obligaciones establecidas para llevar a cabo el sacrificio de animales determinando qué profesional es el habilitado para hacerlo y cuáles son los espacios en los que tiene que llevarse a cabo, son contrarias a la normativa estatal que prescinde de la autorización de la administración competente. Del mismo modo, la obligatoriedad de inscribir todos los animales en un libro de registro oficial impone obligaciones adicionales que no son necesarias y que vulneran la garantía de la unidad de mercado.
Por otro lado, en relación con la compra y venta de animales, la Ley autonómica se excede en obligaciones para los titulares de los animales no exigidas por la normativa estatal y que son contrarias a las propias normas de La Rioja, asimismo impone gravámenes contrarios a la Ley de Unidad de Mercado y a la Directiva de Servicios.
Por último, el Gobierno regional considera que no prever la necesidad de autorización judicial durante el ejercicio de las labores de inspección para la entrada en el domicilio de las personas, vulnera el artículo 18 de la Constitución que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
La respuesta del PSOE
“La invitación del Ministerio al inicio de una comisión bilateral entre el Estado y La Rioja se trata de un trámite habitual que permite revisar y ajustar las normas, las leyes entre la administración central y la autonómica, resolviendo conflictos competenciales si los hubiera”, han señalado desde el PSOE.
De hecho, han argumentado los socialistas, en los últimos 4 años este trámite se ha puesto en marcha en más de noventa ocasiones por parte del Estado y de ellas con tres leyes riojanas: “Lo triste es que Ceniceros ha mentido para confundir y alentar un enfrentamiento innecesario que él verá por qué lo provoca, esa no es la actitud de un gobernante responsable”.
Respecto al recurso de inconstitucionalidad, el PSOE critica que el Ejecutivo regional quiere recurrir una norma de su propia cámara autonómica: “El Gobierno de Ceniceros no tiene legitimación, no tiene capacidad para interponer un recurso de inconstitucional contra una Ley del Parlamento”.
“La normativa es clara a este respecto, el art. 32 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional excluye taxativamente la posibilidad de que los Gobiernos autonómicos recurran las leyes o disposiciones con fuerza de ley de su propia comunidad autónoma”, han destacado desde el PSOE.
Andreu ha resaltado que “es lamentable que el Gobierno de Ceniceros pretenda, aunque no pueda, ir contra las instituciones de La Rioja porque con su anunciado recurso va contra el Parlamento de La Rioja, donde reside la voluntad del pueblo, y va contra el Consejo Consultivo, que no hizo advertencia alguna”.
Para Andreu, es “especialmente lamentable” que lo haga contra una Iniciativa Legislativa Popular: “Ante las iniciativas de los riojanos apoyo y facilidades, nunca problemas y obstáculos. Lo que queda claro con este asunto es que el PP con sus recursos solo quiere impedir una ley que protege a los animales en La Rioja, y en cambio el PSOE queremos adaptarla y mejorarla para que aplique”.
