¿Cogió el dinero del cajón? Sí. ¿Se lo quedó? No. Es la máxima que ha defendido este jueves el concejal de IU en Calahorra, Óscar Moreno, acusado de un delito de apropiación indebida (1.850 euros) en la autoescuela para la que trabajó hasta enero de 2016.
El juicio ha quedado visto para sentencia después de tres horas de sesión, donde Moreno ha defendido hasta el final que nunca quiso apropiarse del citado dinero: “Me declaro inocente de todo lo que se me acusa”.
La Fiscalía y la acusación particular han mantenido sus peticiones de prisión en los dos años y medio, mientras que la defensa del edil riojabajeño ha reiterado su solicitud de absolución. Entre los argumentos de esta última, que la única prueba presentada son tres vídeos en los que se ve cómo coge el dinero del cajón sin tener la posibilidad de ver la jornada laboral del día siguiente.
Moreno se excusa en que cogió ese dinero siempre por indicación del propietario de la autoescuela para evitar robos al cerrar el establecimiento. “No me apropié del dinero. Lo devolví o era para hacer algún pago”, ha indicado el acusado, esgrimiendo la confianza que tenía en su jefe como suficiente para no tener que hacer apuntes o seguir un protocolo más allá de la palabra.
Es decir, los ingresos figuraban en la contabilidad de la empresa, pero ni empleado ni empleador tenían un sistema de justificantes o un protocolo para hacer esos movimientos de dinero. Y he ahí el problema donde se han enquistado las versiones de uno y otro. El propietario de la autoescuela ha señalado que “no tenía orden de llevarse el dinero a su casa cuando acabara la jornada laboral”.
Pese a que una vez entraron en el local a robar (destrozaron algunos ordenadores y removieron el mobiliario), el empresario -condenado por falsificación de documento público en el año 2002- ha apuntado que no dio indicaciones especiales a su empleado: “Nunca le di la autorización para que se llevara el dinero de la empresa. Tampoco le dije que fuera a ningún taller ni a ningún proveedor”.
Las explicaciones del detective que ha visionado las grabaciones (borradas actualmente en su totalidad) no han sido excesivamente convincentes. Se ha limitado a asegurar que Óscar Moreno cogió el dinero, como él mismo ha reconocido, pero no ha podido aportar más datos. No escuchó ninguna conversación en los vídeos entre acusado y acusador ni se fijó en ningún otro detalle como que el empresario también cogiera dinero del cajón al finalizar la jornada laboral.
Una práctica habitual
El concejal calagurritano ha explicado que coger dinero del cajón era una práctica habitual en la autoescuela para pagarle las nóminas atrasadas que le debían, aunque ninguna de las cantidades por las que se le denuncia ahora tengan relación con las mismas: “Había una libreta donde se apuntaban los pagos que me iba haciendo así y se iba descontando”. El documento no ha sido aportado por ninguna parte al juicio.
“Cogía dinero para descontar la deuda que tenía. Siempre era con indicación de él. Por ejemplo, si alguien había pagado 500 euros, pues me decía que cogiera 200 o 300 y se apuntaba en la libreta”, ha añadido Moreno.
Todo se tuerce a mediados de enero de 2016. En ese tira y afloja con las versiones sobre el pago de las nóminas atrasadas, una clienta de la autoescuela abonó alrededor de 1.300 euros directamente en la cuenta de Óscar Moreno. Este dice que así lo había acordado con el empresario y este, que no.
Ese mismo día, el propietario se jubila y le da la carta de despido. Lío. Tras consultar con su abogada, el acusado le pide a su jefe un justificante vía Whatsapp de que ese dinero que había cobrado era para una nómina atrasada. Al no recibir contestación, se lo devuelve a la joven. Y como este caso concreto, casi todos los expuestos en el juicio donde la palabra de uno y otro chocan frontalmente.
La justicia decidirá en las próximas semanas el veredicto, donde el Ministerio Fiscal y la acusación particular quieren introducir el agravante de que Moreno habría “abusado de su situación laboral” con el ánimo de enriquecerse injustamente. Por ello, la solicitud de condena se ‘estira’ hasta los treinta meses.
