La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, por la cual informa que este organismo ha abierto diecinueve expedientes sancionadores, dos de ellos a bodegas riojanas, a raíz de varias denuncias presentadas en agosto del año 2017.
En la denuncia presentada por LA UNIÓ de Llauradors y el resto de organizaciones que componen la Unión de Uniones en aquella fecha se informaba que las bodegas compraban la uva sin la firma del preceptivo contrato de compraventa, y en consecuencia, se entregaba sin la negociación del precio de la misma.
Esta práctica parece ser la habitual en el sector, han explicado desde La Unió de Llauradors en un comunicado, “ya que las denuncias se han efectuado en la mayor parte de las comunidades productoras de vino de España”. “La mayor parte de las bodegas españolas empiezan a recoger y transformar la uva y no establecen el precio hasta que una reconocida bodega de Castilla La Mancha (Félix Solís) no establece el precio de este producto”, han añadido.
Tras realizar las comprobaciones oportunas como consecuencia de la denuncia, AICA ha abierto un total de diecinueve expedientes sancionadores, al existir indicios razonables de incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria que acumulan un total de 43 infracciones. Hay un total de 17 empresas, algunas de las cuales acumulan más de un expediente sancionador. 15 de los expedientes sancionadores se han abierto a la industria vitivinícola-bodegas, 3 a la distribución minorista y 1 a la distribución mayorista.
Casi la totalidad de los expedientes abiertos son por incumplimiento de los plazos de pago de la uva a los viticultores (la ley establece un plazo máximo de un mes para el pago de este producto al ser perecedero).
La AICA no facilita datos de las bodegas incumplidoras, aunque sí las comunidades: Madrid tiene tres, mientras que Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia tienen dos y una para Castilla y León y otra para Extremadura.
“LA UNIÓ de Llauradors reclama a las Administraciones que las inspecciones no se realicen solo a petición o denuncia de las asociaciones y que esta práctica de inspeccionar debería ser la norma común ya que como se puede apreciar por el ratio de empresas sancionadas, el incumplimiento de esta Ley se encuentra a la orden del día”, ha concluido el comunicado.
