La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha confirmado la sentencia que la Audiencia Provincial dictó el pasado 13 de junio contra siete acusados por pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, robo con violencia con uso de armas y un delito leve de lesiones.
El tribunal ha desestimado el recurso que uno de ellos, agente de la Guardia Civil, presentó contra la sentencia. El acusado alegaba que se le causó indefensión, se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías.
Unos motivos que el TSJR no aprecia, por lo que confirma la sentencia de la Audiencia Provincial en la que condenó a siete años y medio y 17 días de prisión a seis de los acusados (otros tres guardias civiles, dos empresarios y un vigilante de seguridad) y diez años y medio para el miembro del instituto armado que recurrió la sentencia.
La diferencia de pena del recurrente (miembro de los GAR) con el resto de condenados se debe a que fue el único de los siete acusados que no reconoció los hechos ante la Audiencia Provincial.
Los otros seis enjuiciados admitieron los hechos en la vista oral para poder llegar a un acuerdo con el fiscal y rebajar la pena de diecisiete años, que se solicitaba en un principio, a siete años y medio de cárcel por los cuatro delitos mencionados.
El TSJR argumenta en la sentencia que “existe un abundante material e indicios probatorios” que acreditan la participación del recurrente en la operación para la compra de cien kilos de hachís a dos narcotraficantes de Marruecos, a los que en realidad querían robarles el alijo.
La sentencia anterior
El Tribunal consideró probado que los acusados, con el fin de obtener una gran cantidad de hachís procedente de Marruecos, entraron en contacto con un suministrador, al que siempre aseguraron que le comprarían la droga. “Sin embargo –especifica la sentencia- el grupo desde el inicio de los contactos tenían la intención de apoderarse del alijo de droga, siendo este hecho conocido por todos los integrantes del grupo”.
Por ello, los acusados idearon un plan para conseguir sus objetivos. A principios de septiembre de 2016, todos los integrantes viajaron en diferentes vehículos hasta la provincia de Málaga para reunirse con el suministrador de la droga. Una vez llegaron al punto de entrega acordado y cuando se estaba haciendo la transacción entre uno de los acusados y tres suministradores, el resto de acusado se bajaron sorpresivamente de una furgoneta con armas simulando una operación de la Guardia Civil.
Los suministradores se mostraron colaboradores al entender que se trataba de una operación real de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los acusados “con el ánimo de amedrentarlos y evitar resistencia”, golpearon a dos de los suministradores y les maniataron con bridas. Un tercero logró escapar.
Poco después, los acusados abandonaron el lugar. Cuando circulaban por la A-45 dirección Madrid decidieron parar en un área de descanso donde fueron interceptados por agentes de la UDYCO, que consiguió detener a cinco, uno pudo huir pero fue detenido más tarde en León y el séptimo días después en Jaén. El alijo incautado fue de 97.653 gramos de hachís con un valor en el mercado ilícito de 592.753,71 euros.
