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El Supremo ‘reabre’ el ‘caso Unipapel’ para buscar culpables de su quiebra

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Por ello, obliga a la Audiencia Nacional a revisar si existe grupo laboral entre Springwater y Unipapel para declarar a la primera compañía y su administrador único, Martin Gruschka, entre otros, como responsables solidarios de la quiebra de la empresa que tenía tenía tres centros de trabajo: 180 trabajadores en Tres Cantos (Madrid), 60 en Aduna (Guipúzcoa) y otros 60 en Logroño.

La Audiencia Nacional también deberá dilucidar la responsabilidad solidaria del Grupo Adveo, anterior propietario de Unipapel, por la posible venta fraudulenta a Springwater para sortear sus responsabilidades laborales, cuestión esta que también quedó sin juzgar en la anterior sentencia.

En 2016 Unipapel dejó de pagar salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, (cinco meses de sueldo y una paga de beneficios, aunque abonó 500 euros a cada trabajador) tras lo que la Inspección de Trabajo levanto acta de infracción.

La empresa declaró un ERTE, posteriormente se declaró en Concurso de Acreedores y al final, el ERE de extinción para todos los trabajadores con efectos el 18 de septiembre de 2017. CCOO recurrió el ERTE, que fue declarado nulo por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 7 de noviembre de 2017.

“Modo fraudulento”

CCOO espera que la Audiencia Nacional declare que existe un grupo de empresas porque así lo determinó en la sentencia de Delion, que era similar, y porque los tribunales del País Vasco ya han dado la razón a los trabajadores en otros casos de demandas individuales.

El sindicato lleva años denunciando el modo fraudulento de operar de este fondo y así se lo trasladó al Ministerio de Empleo. “Además de haber provocado el despido de numerosas trabajadoras y trabajadores, Springwater debe millones de euros al Estado, tanto a la Seguridad Social como a Hacienda, según la investigación del sindicato, pero es el Gobierno quien tiene la obligación y los recursos para poner freno a este fondo buitre”, ha afirmado Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de FSC-CCOO.

“Este proceso es parte del trabajo que CCOO viene desarrollando frente a la actuación de fondos buitre, como es el caso de Springwater, que sin interés alguno en desarrollar verdaderos proyectos empresariales y aprovechando la laxitud de la actual legislación y que el Gobierno mira para otro lado, destruyen el tejido productivo y empresarial a la búsqueda de beneficio rápido y fácil a costa de los derechos y empleos de la clase trabajadora y de las arcas públicas, a las que dejan deudas millonarias”, ha señalado CCOO en un comunicado.

Actualmente, Springwater es titular de Nautalia, del grupo Wamos (antiguo Grupo Pullmantur) y es co-concesionario de la plaza de Las Ventas, entre otras empresas. Recientemente, Springwater Capital Spain SL ha cambiado su denominación social por Investment Monitoring Services SL, cambio que en absoluto afecta a sus posibles responsabilidades en relación con Unipapel.

“CCOO quiere poner en valor el esfuerzo de las plantillas afectadas por la impunidad con la que actúan algunos empresarios y les agradece su confianza en la organización. Asimismo, destaca el gran trabajo de las y los delegados sindicales y del equipo técnico que ha hecho posible este logro, que probablemente se podrá aplicar a otras empresas afectadas por fondos buitre”, ha concluido el sindicato.

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