El Juzgado de lo Social número 3 de Logroño ha reconocido la nulidad de los despidos por motivos disciplinarios de las dos coordinadoras de la Fundación Hospital de Calahorra el pasado 6 de septiembre, tras denunciar de haber denunciado presiones y supuestas irregularidades en materia de contratación por parte de la gerencia del centro.
Por ello, obliga a su readmisión en la plantilla del centro y a pagarles una indemnización de 6.500 euros por considerar que se vulneró el derecho al honor de ambas.
El 6 de septiembre se materializó el despido de ambas trabajadoras como punto final de un proceso que había comenzado un mes antes. Durante esas semanas, habían padecido una serie de conductas que calificaron de acoso laboral, hasta tal punto que se habían presentado dos denuncias ante el Patronato de la Fundación Hospital de Calahorra.
La primera denuncia se registró el 11 de agosto y la segunda el 24 del mismo mes. Ambas recogían la situación sufrida por las dos coordinadoras de área mientras desarrollaban sus funciones en un proceso de selección: en la primera se relataban diferentes presiones persistentes en el tiempo, llegando al extremo de que la gerencia insistió a la trabajadora, máxima responsable en dicho proceso de contratación, para que desestimara el proceso, algo que ella declinó por no encontrar motivos.
“La gerencia llegó a aportar un informe jurídico de un despacho de abogados que, precisamente, representaba a una de las partes interesadas en el citado proceso de selección”, explicaron desde CCOO, apuntando que fue cesada como presidenta del proceso de selección y se derivaron sus tareas a la segunda trabajadora, que habría llegado incluso a recibir llamadas telefónicas del director gerente exigiendo que se procediese a la contratación directa de dos servicios concretos a dos personas determinadas por cantidades en torno a los 12.000 euros.
“Una trama de corrupción”
La Fundación Hospital de Calahorra (FHC) estuvo varias semanas del año pasado (alrededor del mes de octubre) en el centro de la polémica por el despido de una directora médica y tres coordinadores, aunque no fueron las únicas irregularidades denunciadas por los trabajadores y los partidos políticos de la oposición. Se apuntaba a una presunta “trama de corrupción” y “amiguismos” como la causa de los ceses, así como “no ser serviles con la gerencia”.
El foco de todas las críticas estaba en Juan Manuel Pacheco, gerente del centro calagurritano desde el pasado mes de julio, a quien Podemos acusó de anular un contrato de medio millón de euros para favorecer a la empresa Mantelec -una firma de suministros de electromedicina que había interpuesto dos recursos contra el pliego de contratación de equipamiento de la FHC-.
