La secretaria del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, Myriam Torbado, ha acudido este martes al Parlamento de La Rioja para comparecer en la Comisión de Investigación que busca “aclarar” la aprobación del Plan General de esta localidad, aunque se ha limitado a contestar a aquellas preguntas sin trascendencia y con continuas evasivas.
Ante las cuestiones planteadas por los diputados regionales, sus respuestas se limitaban a expresar que desconocía el asunto o que era algo confidencial, al tiempo que se escudaba en la judicialización del tema y en que la Cámara no tenía competencia sobre la materia.
Un ejemplo
Natalia Rodríguez (Podemos): “¿Cuál fue el sentido de sus informes exclusivos?”
Myriam Torbado: “Los informes que yo haya emitido constan en ese expediente y no es un expediente público”.
Natalia Rodríguez: “Con respeto a la presencia de posibles construcciones ilegales, antes o a la vez que se iniciara la tramitación del PGM, sujetas al deber de inspección, sanción y restauración, informó usted de que sería inaplazable con o sin tramitación del PGM la instrucción de expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad?”.
Myriam Torbado: “Todo lo que tuve que informar, informado está”.
La Secretaria General del Ayto. De Villamediana declara en la Comisión Parlamentaria que investiga el Plan General urbanístico con un “brote de amnesia” y negándose a responder a las preguntas de l@s diputad@s#CasitaDeAperos
— Como puños.2 (@Comopunos2) 28 de noviembre de 2017
*Twitter del diputado Jesús María García (PSOE)
Antes de su comparecencia, la secretaria del Consistorio villametrense y Esteban Pardo, arquitecto asesor en el mismo Ayuntamiento, habían remitido un escrito a la Comisión para señalar que su poder fiscalizador y de control “no puede considerarse ilimitado sino que habrá de ajustarse al ámbito propio de actuación de las instituciones autonómicas, circunscribiéndose tales facultades a las actuaciones en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios de la comunidad, sin que pueda alcanzar a órganos ajenos a su ámbito de competencia, como en este caso es la Administración Local”.
Por ello, ambos entienden que el requerimiento de comparecencia estaría fuera del ámbito competencial de la Comisión de Investigación del Parlamento de La Rioja: “Ninguno de nosotros hemos participado en la aprobación definitiva del Plan General por la COTUR en fecha de 7 de junio de 2013”.
El otro argumento esgrimido por Torbado y Pardo es que la judicialización de la aprobación del PGM tiene como consecuencia que “la información pueda tener el carácter de información reservada, atendiendo a lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiéndose garantizar los derechos constitucionales de terceros”.
“Ambos comparecientes hemos participado en la tramitación municipal del PGM por razón de nuestros cargos, por lo que la exposición mediática que puede suponer una comparecencia pública en esa Comisión, sobre todo visto el tratamiento informativo que de esta materia se hace en varios medios de comunicación, sería contraria al derecho fundamental que nos asiste: esto es nuestro derecho a la propia imagen, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Española, por lo que, de producirse nuestra comparecencia en esa Comisión, debería ser a puerta cerrada”, añade el escrito.
La Mesa de la Comisión se ha reunido esta misma mañana para tratarlo y ha desestimado ese documento considerando que tienen obligación de comparecer y declarar, así como que debía hacerse de forma pública porque la materia tratada (urbanismo) es de interés para la sociedad en general.
