El Parlamento de La Rioja ha manifestado su apoyo al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públcias, en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña y, en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña, convocado por la Generalitat y declarado inconstitucional.
Con los votos a favor de PP y de Ciudadanos (en contra de PSOE y Podemos), la Cámara riojana también ha mostrado su apoyo a todos los funcionarios del Estado que, con su labor, garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, la de los ciudadanos de Cataluña.
Los socialistas han mostrado su rechazo a la Proposición No de Ley al no ser aprobado un punto que habían pretendido añadir y que decía lo siguiente: “Instar a todos los representantes de la pluralidad y la diversidad de la sociedad catalana y del conjunto de la ciudadanía española a abrir un espacio de diálogo y a buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la división y reforzar la convivencia de todas las sensibilidades de nuestro país”.
En la misma propuesta, el Parlamento también ha aprobado instar al Gobierno de España a impedir la utilización de recursos públicos en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y ejecución del citado referéndum de secesión suspendido por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, se ha aprobado manifestar el apoyo y el reconocimiento de la Cámara a los ciudadanos de Cataluña que, al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de Derecho como valor imprescindible para garantizar la convivencia.
Por último, el Parlamento también ha mostrado (a petición del PSOE) su apoyo y amparo a todos los alcaldes que mantienen con firmeza la defensa de la legalidad constitucional, al tiempo que ha hecho un llamamiento a los responsables institucionales que desafían las normas más elementales del Estado de Derecho y del sistema democrático para que vuelvan a la legalidad constitucional y estatutaria, que es la única garantía de la libertad ciudadana y de la existencia de la propia democracia.
