Varias personas -estudiantes riojanos y sus familias- han pasado la noche durmiendo en el hall de algunos institutos para conseguir una plaza de Formación Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior, según ha dado a conocer la secretaria de educación del PSOE de La Rioja, Teresa Villuendas, a través de una nota de prensa.
A preguntas de los periodistas, el director general de Educación, Miguel Ángel Fernández, ha indicado que es una situación aislada que se da en varios ciclos que generan más interés pero ha resaltado que el adelanto de los exámenes de septiembre a julio solventará el problema. “Esta medida va a suponer una reorganización en todo el proceso de admisión de la Formación Profesional que evitará que haya casos como éste”, ha señalado.
La normativa señala que “el período extraordinario de admisión finalizará cuando la Comisión asigne todas las plazas vacantes disponibles según las solicitudes presentadas y se cumpla el plazo extraordinario de matrícula. A partir de este momento, las personas interesadas en cursar un ciclo formativo de grado medio o grado superior, que no hayan presentado solicitud en los plazos establecidos en esta disposición, podrán matricularse directamente en el centro, siempre que existan vacantes”.
Esta situación surge después de que la Comisión de escolarización, de acuerdo con los criterios de prioridad y las opciones señaladas en sus solicitudes, asigne a los alumnos en espera las plazas que ya hubieran quedado vacantes en el plazo ordinario y haya hecho pública la lista de admitidos.
Esto se debe, han criticado desde el PSOE, “al caos y la mala gestión” llevada a cabo por la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja en la adjudicación de las vacantes resultantes, tras la convocatoria extraordinaria de septiembre, del proceso de matriculación de la Formación Profesional.
Para Villuendas, la opción a obtener plaza se convierte, paradójicamente, en una “carrera contra el reloj, sin ningún criterio objetivo ni lógico, sólo con un requisito indispensable de ser los primeros en llegar a la oficina administrativa del centro”.
“La Dirección General de Educación pone a prueba la paciencia de numerosas familias y alumnos que, además de soportar un retraso considerable en la adjudicación de las plazas, suman el desconcierto y la desorganización”, ha añadido, exigiendo al Ejecutivo que regule adecuadamente este sistema de concesión de plazas, y como administración pública que es, “ayude a solucionar los problemas de los ciudadanos y no a generarlos”.
