La Rioja se encuentra lejos de ser una de las comunidades españolas más amenazadas por el yihadismo. Una operación policial con el saldo de un detenido es el bagaje de la región desde 2012, en un mismo periodo en el que se han desarrollado 134 operaciones con 259 arrestados en el panorama nacional (la estadística la elabora mensualmente el Ministerio del Interior y no incluye los recientes acontecimientos de Cataluña).
Sin embargo, hay otros cinco precedentes en la relación entre el yihadismo y La Rioja. El primero de ellos nos remonta al año 2002, cuando desde Logroño se financió atentado suicida que acabó con la vida de veintiuna personas en una sinagoga de Túnez. Lo hizo Ahmed Rukhsar, pakistaní propietario de un locutorio en la capital riojana que fue condenado a cinco años de prisión junto a un empresario valenciano, Enrique Cerdá, por colaboración con organización terrorista.
En esa misma época, pocos meses antes del atentado más sanguinario de la historia de España, el del 11 de marzo de 2004, se supo que los dos máximos responsables del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (presuntamente instigadores del ataque en Atocha y de uno anterior en Casablanca), los hermanos Mohamed y Kamal Chatbi, estuvieron residiendo en Autol.
Fruto de la especialización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sobre el terrorismo islámico, en 2009 se produjo un registro policial en un locutorio de la calle Santos Ascarza de la capital para hallar pistas sobre la presunta vinculación de su propietario con el yihadismo. Aunque la operación se completó en Logroño sin detenidos, en otros puntos del país se arrestó a una decena de personas por financiación del terrorismo.
Un ‘hawala’ en Logroño
No ha sido este ni el regentado por Ahmed Rukshar el único locutorio que ha traído de cabeza a las fuerzas de seguridad durante los últimos años. No en vano, el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos ‘reñía’ en marzo de 2015 a España por ser incapaz de controlar una red de 250 locutorios y carnicerías del país, desde las que se estaría enviando dinero para financiar al terrorismo islámico.
Según el organismo que vela por la seguridad de la primera potencia mundial, la red de ‘hawalas’ (personas encargadas de transferir fondos a otros países desde comercios de proximidad) española se extendía entonces por oficinas clandestinas (pakistaníes en su mayoría) en Logroño, Barcelona, Tarragona, Lleida, Bilbao, Santander, Valencia, Madrid, León, Jaén y Almería.
Detenido por radicalizarse en Pamplona
El precedente más inmediato de la presencia de yihadistas en La Rioja tuvo lugar hace menos de diez meses, el 26 de octubre de 2016 en Calahorra. Entonces, la Guardia Civil detuvo a Amine Bouyardane, acusado de proselitismo del autoproclamado Estado Islámico y de participar en reuniones de adoctrinamiento radical en Pamplona.
Según las investigaciones, Bouyardane era cliente habitual de la tetería regentada por Salim Aghmir en el barrio pamplonés de San Jorge. Aghmir fue detenido poco después de los atentados de París (finales de 2015) por propagar el radicalismo entre las personas de su entorno y planear unirse al Daesh para combatir en Siria.
Un caso estrambótico y próximo
En 2013 se produjo otro sonado episodio de yihadismo, aunque no ocurrió en La Rioja sino muy cerca de nuestra región, en Lanciego (Rioja Alavesa). Allí se instaló Gisela Cárcamo, una chilena que llegó a España para estudiar en la Universidad de Navarra y se convirtió al Islam al casarse con un tunecino que estudiaba Informática en esta entidad, adoptando desde entonces el nombre de Nadia Shahbi.
El caso de Chahbi se hizo enormemente popular en 2010 después de que denunciara a Osakidetza (el sistema sanitario vasco). ¿El motivo? Un medico le pidió que se levantara el velo (un ‘niqab’) para entregarle un volante para el obstetra, que debía hacerle el seguimiento a un embarazo de riesgo. Ella se negó y el galeno, a su vez, denunció al marido de Nadia por su comportamiento presuntamente violento durante la discusión que se desató entonces. El juzgado desestimó la demanda de Shahbi, pero su presencia se hizo frecuente en los platós de televisión para defender su caso.
Tras negarle la Justicia la razón por negarse a levantar el ‘niqab’ en los juzgados, motivo por el que además recibió una multa, en 2011 anunció que se marchaba a Túnez (país natal de su esposo) “por temor a más represalias por parte de la Justicia española”.
Nadia fue detenida en Siria en 2013, después de participar en un atentado yihadista en este país al intentar estrellar un camión contra un convoy militar durante la insurgencia contra el régimen de Al Asad. Su marido corrió peor suerte, fue abatido por los militares.
