La Dirección General de Obras Públicas, Política Local y Territorial del Gobierno de La Rioja ha frenado en seco la ordenanza que aprobó el pasado 30 de enero el Pleno municipal del Ayuntamiento de Calahorra para regular los cuartos de cuadrilla (locales de reunión de los grupos de amigos y peñas durante las fiestas) de la localidad.
En un dictamen fechado a 20 de marzo de 2017 y al que ha tenido acceso NueveCuatroUno, el Ejecutivo autonómico señala que dos de los 43 artículos de los que se compone la ordenanza chocan de lleno con la Constitución Española y la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPCAP), por lo que requiere al Consistorio “para que proceda a su anulación en el plazo de un mes desde la recepción del presente escrito”.
En concreto, el articulado “inconstitucional” de la ordenanza es el que se refiere a la inspección de los cuartos de cuadrilla “en caso de quejas que supongan el incumplimiento de obligaciones y prohibiciones estipuladas como graves o muy graves”. El texto aprobado por el Pleno calahorrano se establecía que “el Ayuntamiento, a través de los agentes de la autoridad, estará legitimado para efectuar las comprobaciones o inspecciones en dicho cuarto sin previo aviso, con la oportuna identificación y explicación del motivo de la visita”.
La Dirección General advierte de que este contenido contraviene lo dispuesto en el art. 18 de la Constitución Española, que establece que “el domicilio es inviolable; ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”, además de chocar con el artículo y 100.3 de la LCAP.
“Nada que ver con una patada en la puerta”
Desde el Ayuntamiento de Calahorra ya han mostrado su voluntad de colaborar con el Ejecutivo autonómico para adaptar el contenido de la ordenanza al marco jurídico que establece la Constitución. Su alcalde, Luis Martínez Portillo, señala a NueveCuatroUno que “en el próximo pleno de abril plantearemos las modificaciones al Pleno para que en mayo pueda llegar de nuevo a la Dirección General”.
“Si el Gobierno nos pide que hagamos restricciones al texto original las haremos, pero hicimos la ordenanza con vocación de servicio público y para dar respuesta a un interés general”, explica el primer edil, subrayando que “se intentó hacer de la mejor manera posible”.
Respecto al punto que ha originado el conflicto jurídico, Martínez Portillo explica que “en ningún caso tienen nada que ver con una patada en la puerta; intentamos facilitar que los agentes pudieran comprobar el cuarto si se apreciaba que existía una infracción”. “La ordenanza se hace inservible si se dilata el proceso mientras se espera a una orden judicial, ya que en muchos casos las denuncias están relacionadas con el exceso de ruido y cuando llega la orden los ocupantes del cuarto de cuadrilla ya han bajado el volumen”, agrega, insistiendo en que “nunca la intención ha sido la de entrar por entrar”.
El alcalde de Calahorra recuerda que “la ordenanza contó con un amplio consenso de los grupos municipales representados en el Ayuntamiento y ahora veremos qué eficacia tiene esta modificación cuando queramos aplicar la norma”.
Sin embargo, fue necesario su voto de calidad para propiciar su aprobación, ya que en el Pleno se dio un empate: los nueve ediles del PP votaron a favor; los dos de Ciudadanos se abstuvieron y en contra votaron los ocho concejales del PSOE (que ya alertaron de la posible inconstitucionalidad de la ordenanza) y el representante de Izquierda Unida (el edil del PR+ no compareció por enfermedad).
