El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dado la razón a Ecologistas en Acción, la plataforma vecinal ‘Salvemos el Parque’, PSOE y Partido Riojano PR+ al declarar nulo el cierre del expediente sin sanción por parte del ex alcalde de Calahorra Javier Pagola en el denominado ‘caso Cidacos’ -destrucción en octubre de 2007 de 4,5 hectáreas de bosque natural de ribera junto al Parque del Cidacos en Calahorra-, por lo que nuevamente se tendrá que reabrir el caso.
“Esperamos una sanción ejemplar para los responsables de la destrucción ilegal”, han señalado en una nota de prensa conjunta los cuatro colectivos, al tiempo que han exigido la asunción por parte del actual primer edil calagurritano, Luis Martínez Portillo, “de las responsabilidades políticas y judiciales que se desprendan de sus propias maniobras políticas, vulnerando la legalidad, arrogándose competencias que correspondían al pleno, y permitiendo que no se sancionase a nadie, llegando incluso a negar la destrucción ilegal de más de 1500 árboles y arbustos, en el único interés de beneficiar a los infractores”.
“Tras esta sentencia a favor de los cuatro colectivos, exigimos el inmediato acatamiento de la misma por el Partido Popular, la reapertura del expediente sancionador , una sanción conforme a la ley, así como la restitución del bosque arrasado por cuenta de los responsables de su destrucción”, han añadido.
EL CASO CIDACOS
La denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción de La Rioja ante la Fiscalía de La Rioja en septiembre de 2009, y posteriormente trasladada al juzgado de instrucción número 2 de Calahorra por la propia fiscalía en enero de 2010, supuso la apertura de diligencias previas que investigaron la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente por el que se imputó a J.M.L., el gerente de la empresa Lázaro Conextrán, por la destrucción en octubre de 2007 de 4,5 hectáreas de bosque natural de ribera junto al Parque del Cidacos.
Por los mismos hechos, y a petición tanto de Ecologistas en Acción como de la Fiscalía, el juzgado investigó la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por el entonces alcalde de Calahorra, Javier Pagola, al no sancionar conforme a la ley a la empresa responsable de una infracción contra el planeamiento urbanístico calificada como muy grave por la legislación (LOTUR).
“Este largo proceso judicial impulsado por Ecologistas en Acción fue en todo momento obstaculizado por el Partido Popular y por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Calahorra, más preocupados en no sancionar a sus amigos que en hacer cumplir la ley”, apostillan los cuatro colectivos en su nota de prensa.
El 3 de noviembre de 2011 los juzgados de Calahorra dictaron un auto de sobreseimiento provisional de la causa, contra el cual se presentó Recurso de Reforma el 28 de diciembre de 2011, que fue nuevamente desestimado y que dio lugar a la presentación de un Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial (30 de diciembre de 2011), que fue nuevamente desestimado en fecha de 28 de mayo de 2012.
Una vez finalizado ese procedimiento judicial que durante años paralizó los plazos para que los presuntos delitos o faltas caducasen, explican en el comunicado, Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Comunidad Autónoma de La Rioja (Dirección General de Vivienda) reclamando la actuación subrogada a la que hace referencia la LOTUR, “ya que el Ayuntamiento de Calahorra se negaba de plano a sancionar la infracción cometida”.
“Fruto de la misma, la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja obligó al Ayuntamiento a abrir un expediente sancionador, para cuya instrucción se nombró a Luis Martínez Portillo, lo cual suponía la garantía máxima de manipulación del resultado de dicho expediente, pues era precisamente el señor Portillo el principal valedor de los infractores y un férreo defensor de la tesis de que el bosque destruido no estaba legalmente protegido y ni tan siquiera existía”, añade.
“El expediente fue troquelado al gusto del Partido Popular”, prosiguen en sus críticas, destacando que entonces “se decidió cerrar sin sanción de forma absolutamente ilegal, ya que dicha decisión la tenía que haber adoptado el Pleno, y lo hizo directamente el alcalde”.
“Ante esta nueva maniobra ilegal del Partido Popular (como se ha demostrado con esta sentencia), se creó una plataforma para la acción judicial entre Ecologistas en Acción, la Plataforma Vecinal “Salvemos el Parque”, el Grupo Municipal del Partido Socialista y el Grupo Municipal del Partido Riojano y se inició un proceso Judicial mediante la presentación de un Contencioso Administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Calahorra de cerrar el expediente sin sanción y adoptar fraudulentamente la decisión por la alcaldía”, afirman desde las cuatro entidades.
