El Parlamento de La Rioja ha dado este martes el primer visto bueno al Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa. La Cámara autonómica ha rechazado, por 31 votos en contra y 2 a favor, la única enmienda a la totalidad presentada contra el texto, lo que permite que la norma continúe ahora su tramitación parlamentaria. Se trata, según el Gobierno regional, de una de las leyes más importantes de la legislatura.
El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha defendido la iniciativa como «un paso de gigante» para modernizar la Administración autonómica. En términos sencillos, el objetivo de la ley es reducir la burocracia, acortar los plazos de respuesta y facilitar los trámites tanto a ciudadanos como a empresas. El Ejecutivo sostiene que con esta reforma La Rioja será una comunidad más digital, más ágil y con normas más claras, aunque sin eliminar la atención presencial.
Entre las medidas más destacadas figura que el silencio administrativo será, por norma general, positivo. Esto significa que, si la Administración no responde en plazo, la solicitud se considerará aprobada en la mayoría de los casos. Además, se fija un plazo máximo de tres meses para resolver los procedimientos autonómicos y se sustituirán muchas licencias y autorizaciones previas por declaraciones responsables o simples comunicaciones, lo que permitirá iniciar actividades sin esperar largos trámites.
La ley también incluye el llamado «mercado abierto», que permitirá que empresas de otras comunidades autónomas puedan operar en La Rioja sin tener que repetir permisos o licencias que ya hayan obtenido en su lugar de origen. Con ello se busca atraer inversión y facilitar la actividad económica. El texto, según el Gobierno, recoge aportaciones de organizaciones empresariales como la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), así como del Tercer Sector.
Otro de los pilares de la norma es la transformación digital de la Administración. Se prevé reforzar la llamada «carpeta ciudadana», implantar sistemas automatizados y de robotización en algunos trámites y simplificar los sistemas de identificación y firma electrónica. También se apuesta por un lenguaje más claro en las comunicaciones oficiales. En conjunto, el Ejecutivo enmarca esta reforma dentro de su Plan de Simplificación Administrativa 2025-2029 y del Plan de Fomento del Emprendimiento 2024-2027, con la intención de ofrecer una Administración «más rápida, cercana y eficiente».
