La Guardia Civil en La Rioja ha investigado a un varón de 27 años, natural de Logroño y residente en Viana (Navarra), como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras la intervención de un envío postal que contenía 394 gramos de hachís. Al investigado le constan antecedentes por delitos de la misma naturaleza.
Esta actuación se enmarca en los dispositivos de vigilancia y control que el Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en La Rioja desarrolla de forma permanente para prevenir la entrada y distribución de sustancias estupefacientes en la provincia a través de envíos postales.
Los agentes mantienen un seguimiento constante sobre estos canales de distribución, utilizados tanto por organizaciones delictivas como por pequeños traficantes que tratan de ocultar la droga entre paquetes de apariencia ordinaria, como prendas de vestir, calzado, productos alimenticios u otros artículos de uso cotidiano.
Durante uno de estos controles se detectó un envío postal con destino a Logroño que presentaba indicios compatibles con el transporte de sustancias estupefacientes. Ante esta circunstancia, y conforme a lo establecido en la Ley de Represión del Contrabando, se procedió a la apertura del paquete.
En su interior se localizaron cuatro tabletas de hachís envasadas al vacío con el objetivo de dificultar la emanación de olores y evitar su detección, con un peso total de 394 gramos. Junto a la sustancia también se halló una bolsa que contenía diversos envases metálicos presuntamente destinados al almacenamiento y distribución de dosis derivadas del cannabis.
Tras la intervención, el Destacamento Fiscal remitió las diligencias al Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Logroño, cuyos agentes realizaron las gestiones necesarias para confirmar la identidad del destinatario y determinar el lugar previsto para la recepción del envío.
La investigación permitió establecer que el implicado empleaba un modus operandi habitual en este tipo de delitos, consistente en facilitar identidades y datos de contacto falsos con el fin de dificultar su identificación y eludir la acción policial.
Con las pruebas obtenidas, se solicitó autorización judicial para llevar a cabo una entrega controlada del envío. Una vez concedida, se ejecutó el dispositivo previsto, que culminó con la identificación del destinatario y su posterior puesta a disposición judicial.
