El Sindicato de Vivienda de La Rioja ha denunciado este miércoles lo que considera un episodio de «violencia institucional» tras la concentración convocada en la calle Somosierra número 32 de Logroño para tratar de frenar el desahucio de una mujer en situación de vulnerabilidad reconocida, madre de dos niñas y residente en la vivienda desde hace diez años. Cerca de un centenar de vecinas y militantes han permanecido desde las 12.30 horas frente al portal, bajo el sol y sin recibir ninguna comunicación oficial sobre lo que estaba ocurriendo.
El lanzamiento, según el sindicato, estaba fijado para las 13.30 horas en el documento oficial del juzgado. Sin embargo, la comisión judicial no ha llegado, tampoco ha acudido la Policía y no se ha producido notificación alguna por parte del Tribunal de Primera Instancia-Sección Civil-Plaza número 2 de Logroño. Para el colectivo, ese silencio no puede interpretarse como una simple incidencia administrativa, sino como una forma de presión sobre una familia que ha pasado horas sin saber si esa misma tarde iba a conservar o no su techo.
Desde el sindicato explican que, al llamar al Palacio de Justicia, se les ha trasladado que la comitiva podía haberse retrasado por otro desahucio del que no tenían constancia. Esa falta de información, sostienen, ha incrementado la angustia de la afectada y de sus hijas. «No podemos permitir que se juegue así con la vida de las personas», denuncia el colectivo, que interpreta lo ocurrido como una «estrategia deliberada de desgaste»: no acudir a la hora fijada, alargar la incertidumbre y esperar a que las personas concentradas se marchen.
El caso, según el Sindicato de Vivienda, se enmarca en un problema más amplio de opacidad y desprotección en los procedimientos de desahucio en La Rioja. El colectivo asegura que está documentando situaciones en las que las personas vulnerables se enfrentan a «laberintos burocráticos» mientras los propietarios disponen de mayor facilidad para litigar. En el caso de Somosierra, denuncian que el juez rechazó en vista oral una solicitud de aplazamiento que pedía, al menos, poder terminar el curso escolar de las menores, y que el propietario se ha negado incluso a negociar una subida del alquiler.
El sindicato insiste en que no se ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa habitacional para una familia que lleva una década en ese hogar. Por eso reclama transparencia, respuestas oficiales y un trato que tenga en cuenta la situación real de las personas afectadas. «La vivienda es un derecho y no una mercancía», subraya el colectivo, que acusa a las instituciones de convertir una tragedia habitacional en un mero trámite administrativo.
Una victoria
Pese al sabor amargo de la jornada, el Sindicato de Vivienda también celebra una victoria: el desahucio previsto para este viernes en la misma calle Somosierra ha sido aplazado hasta el 26 de junio. El colectivo atribuye ese resultado a la presión sindical y vecinal, y asegura que seguirá acompañando a las familias afectadas. Además, durante la concentración de este miércoles, ha tenido conocimiento de otro caso de desahucio en La Rioja, por lo que mantendrá activa su red de apoyo y seguimiento.
El sindicato ha agradecido la presencia de las personas que acudieron a la calle Somosierra y permanecieron durante horas acompañando a la familia afectada. Considera que esa presencia vecinal es una forma de sostén y organización comunitaria frente a la incertidumbre. “Seguimos insistiendo. Seguimos resistiendo”, concluye el colectivo.
