El Consejo de Gobierno ha analizado en su reunión de este martes la necesidad de la Comunidad Autónoma de acudir a operaciones de crédito extraordinarias por importe de 200 millones de euros para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales ante la falta de Presupuestos del Estado y de la actualización de las entregas a cuenta, «lo que se traduce en un bloqueo de los recursos que corresponden a La Rioja».
El portavoz y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, ha explicado que esta operación es necesaria para financiar mediante deuda lo que debería llegar a través del sistema ordinario de financiación autonómica, y ha añadido que el pago de intereses para los ciudadanos riojanos, 2,96 millones de euros en el conjunto del ejercicio, «es consecuencia directa de la irresponsabilidad del Gobierno de España que, por tercer año consecutivo, incumple su obligación constitucional de presentar las Cuentas».
Ya el año pasado, el Ejecutivo riojano recurrió a un crédito por 100 millones de euros para sortear esta situación.
Alfonso Domínguez ha recordado que el sistema de financiación autonómica es el principal resorte del presupuesto no financiero de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ya que supone de media en torno al 80 por ciento del mismo por lo que, a partir de él, «se financia la mayor parte de las políticas públicas de gasto como la sanidad, la educación y los servicios sociales, entre ellos, el sistema de dependencia». Además, ha incidido en que «no se trata de un dinero del Estado, sino de recursos que corresponden a las comunidades de régimen común y que el Gobierno de España tiene la obligación de transferir».
Sin embargo, y dada la «irresponsabilidad» del Ejecutivo central de presentar las Cuentas, la comunidad autónoma está sufriendo tensiones de tesorería. Así, «solo en anticipos comprometidos se han dejado de percibir 51,12 millones de euros hasta este mes de abril, una cifra que alcanzaría los 254 millones de euros en el conjunto de 2026, si el Gobierno de la Nación no actualiza esas cuantías».
Infrafinanciación de servicios públicos
Este déficit de recursos se traduce en «una infrafinanciación de los servicios públicos, cuyo coste nada tiene que ver con el de 2023, último ejercicio con unos presupuestos generales del Estado», lo que hace inevitable que la comunidad autónoma acuda a operaciones de crédito extraordinarias para «garantizar su sostenibilidad como ya hizo el año pasado». «Ahora bien -ha enfatizado el consejero-, estas medidas implican un coste financiero: 175.364,37 euros que ya han asumido los ciudadanos riojanos en lo que va de 2026, cifra que, sin considerar posibles subidas de tipos de interés, podría elevarse hasta los 2,96 millones de euros a final de año si no se regularizan las transferencias». En 2025, el coste en intereses por la falta de actualización de las entregas a cuenta hasta septiembre ascendió a 818.400 euros.
Por todo ello, y en una carta dirigida al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, el Ejecutivo regional ha instado al Gobierno de España a «cumplir su obligación constitucional y a actualizar con urgencia, a través de un real decreto-ley, las entregas a cuenta que está reteniendo a la Comunidad Autónoma».
