El pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado este jueves el proyecto de ley de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa con los votos a favor del PP, PSOE y Vox y el único contrario de IU.
El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, durante su intervención en el debate de este proyecto de ley, ha indicado que la lentitud en la respuesta de la Administración a los ciudadanos y al tejido productivo es una dificultad y un obstáculo.
La aprobación de esta ley supone un salto cualitativo para la sociedad en sus trámites con la administración, ya que permitirá agilizar procedimientos, ganar en eficiencia, reducir la burocracia, generar confianza y ofrecer unos servicios de mayor calidad, ha añadido.
Ha precisado que hay Gobiernos que dificultan y «ponen palos en la rueda», otros que «no hacen nada» y un tercer grupo que facilitan y «remueven» los obstáculos y las dificultades.
Este jueves, con la aprobación de este proyecto de ley, es «un día importante para La Rioja», dado que la norma redunda en beneficio de la sociedad y manda un mensaje claro de que el Gobierno regional está para ayudar y facilitar.
Ello se ha hecho con diálogo, rapidez, con consultas al tejido productivo y a los sectores implicados y con el respeto al principio de libertad para ser más competitivos.
También ha afirmado que «una de las características de un buen Gobierno es poner facilidades, remover obstáculos y dificultades», como la lentitud de trámites y de respuesta de la Administración, porque suponen «dificultades que dejan por el camino esfuerzos, inversiones, ilusiones y proyectos.
Se ha preguntado si el Gobierno de España «no tiene algo mejor que hacer» que impugnar las leyes que aprueba el Parlamento de La Rioja y le ha pedido que presente los Presupuestos Generales del Estado.
El objeto de esta ley, según detalla su texto, es establecer los principios generales de la simplificación administrativa y adoptar las medidas organizativas, procedimentales y de mejora regulatoria, con el fin de conseguir una Administración más sencilla y cercana. También aboga por poner el foco en la ciudadanía y contribuir a lograr condiciones más favorables para la inversión, la innovación y la creación de empleo en La Rioja.
La ley, según el Gobierno regional, supone una «revolución» en la forma de trabajar del sector público de la región y en su relación con los ciudadanos, las empresas y los operadores económicos al reducir la burocracia y agilizar los procedimientos.
Ha precisado que esta norma supone «un antes y un después» en la forma de relacionarse con la Administración autonómica, por lo que todas las Consejerías ya trabajan en su desarrollo para conseguir que La Rioja cuente con «un sector público más ágil, moderno, sencillo, cercano y eficiente, capaz de acompañar el crecimiento económico de la región, generar confianza y ofrecer servicios públicos de mayor calidad».
Simplificación real y eficaz
La portavoz adjunta del Grupo Popular, Begoña Martínez Arregui, ha indicado que esta ley no supone una pérdida de control público, sino que es una norma necesaria para aligerar los procesos con la administración y que sitúa a los ciudadanos y a las empresas en el centro para facilitar una relaciones más fluidas.
Ha añadido que ello permitirá situar a La Rioja en la senda de una administración moderna, eficaz y ágil al servicio de la sociedad, sin una merma de la seguridad jurídica y la confianza.
Por su parte, el portavoz socialista, Javier García, ha afirmado que es una obligación derribar los muros entre la administración y los ciudadanos, por lo que la norma aprobada es una ley básica necesaria y demanda, aunque se podía «haber ido más lejos».Cree que se trata de un paso hacia una simplificación real y eficaz de la administración, aunque es una ley mejorable, que corre el riesgo de no ser efectiva.
Su homólogo de Vox, Ángel Alda, ha apoyado el espíritu de este proyecto de ley y ha apostado por una relación de la administración con los ciudadanos y empresas más dinámica; por un mercado abierto y por el respeto a la autonomía municipal.
El diputado de IU, Carlos Ollero, ha afirmado que la redacción de este ley está inspirada en «principios neoliberales y de la derecha conservadora», lo que puede provocar la privatización de los servicios públicos; y que es coherente con la desregularización mercantil, algo que figura en los acuerdos entre el PP y Vox en otras comunidades autónomas.
