Más de un centenar de personas, convocadas por el Sindicato de Vivienda en La Rioja, se han manifestado este sábado en Logroño para exigir el fin de la especulación inmobiliaria y que los pisos protegidos no adjudiquen por las promotoras.
La marcha ha partido de la plaza del Ayuntamiento con una pancarta con la frase ‘Sus negocios, nuestras miserias. Vivienda pública ya’, además de otra de los partidos IU y PCE con la petición ‘Las casas para quienes las habitan. Por el derecho a la vivienda’.
Los participantes también han portado carteles con lemas como ‘Vivienda para vivir, no para especular’ y ‘Vivienda pública, suelo público, gestión pública’; además de corear consignas como ‘Ni casa sin gente, ni gente sin casa’, ‘El pueblo sin techo reclama sus derechos’, ‘Más expropiación, menos gentrificación’ y ‘Pisos vacíos, barrios perdidos’.
Antes de la manifestación, una portavoz del Sindicato de Vivienda ha denunciado que «mientras una minoría rentista se lucra, la clase obrera sigue sin casa y el movimiento por la vivienda es ignorado y criminalizado».
Ha censurado «la complicidad de las administraciones con las promotoras e inmobiliarias», porque «tanto el Ayuntamiento logroñés, como el Parlamento regional y el Instituto de Vivienda La Rioja (IRVI) son parte del problema», en alusión a la adjudicación directa por las promotoras de 104 viviendas protegidas, en vez de hacer un sorteo público.
Esta situación «no es una polémica, es una vergüenza intolerable», ya que se han «regalado» esos pisos a constructoras y promotoras privadas, sin un sistema público de evaluación ni sorteo ante notario, ha insistido, lo que supone «un chanchullo entre la administración y las inmobiliarias para repartirse el pastel, dejando sin casa a la gente que la necesita».
Según sus datos, cada año el IRVI recibe miles de solicitudes para optar a una vivienda protegida, y no concede ninguna, de modo que hay personas que llevan 20 años en listas de espera, porque las trabas burocráticas son «infinitas» y los baremos para optar a una vivienda social son «irreales».
«Queremos que la vivienda sea un derecho, no un negocio. Queremos vivienda pública, como la sanidad y la educación, para que tener un techo sea un derecho real y poder alquilar a un precio asequible y social», ha insistido.
Por ello, ha propuesto expropiar y movilizar la vivienda que ya existe y hacerla pública, entre ellas las que ha citad 30.000 viviendas vacías que según sus datos hay en La Rioja.
Ha exigido transparencia y un sistema garantista de reparto y rendición de cuentas en las adjudicaciones de vivienda de protección oficial y, por último, ha pedido ampliar el parque público de vivienda y que se trate de suelo no descalificable de perpetuidad, para que no se pueda privatizar la vivienda social.
