La diputada autonómica socialista María Somalo ha asegurado este martes que la auditoría del Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha confirmado que el exgerente y otros dos altos cargos cobraron retribuciones «indebidas», una situación que el Gobierno regional del PP «conoce y ampara».
Somalo, en una nota, ha recordado que el PSOE, en marzo de 2024, ya señaló que Jesús Álvarez percibía desde su nombramiento retribuciones añadidas a las propias del cargo de gerente del SERIS por la realización de una actividad asistencial.
También indicó en esa fecha que otros altos cargos del SERIS realizaban y cobran por una actividad extraordinaria que no podían acometer.
Somalo ha remarcado que el gerente de SERIS tiene la condición de alto cargo y, por ello, «no puede realizar cualquier otra actividad pública o privada”.
Sin embargo, ha precisado, el Gobierno de La Rioja ha defendido que “las retribuciones de Álvarez eran perfectamente legales y están reguladas en a través de una orden”.
Ante esta posición del Ejecutivo, el PSOE presentó, en abril de 2024, ante la Dirección General de Función Pública y ante la Intervención General, sendos escritos sobre este asunto.
La respuesta de Función Pública, según Somalo, fue que «no hay irregularidad alguna»; mientras que la contestación de la Intervención General fue la de incorporar, en el informe de auditoría y supervisión continua de 2023 del SERIS, «un apartado específico que fiscalizara la actividad y retribuciones percibidas por el gerente y el resto de altos cargos”.
Somalo ha precisado que es en ese informe en el que se determina que «Jesús Álvarez, siendo gerente del SERIS, y los otros altos cargos, Begoña Ganuza y Gustavo Ossola, han realizado actividad extraordinaria indebida y han percibido por ello retribuciones también indebidas”.
En el caso de Álvarez, ese informe señala que percibió, entre septiembre y diciembre de 2023, retribuciones en concepto de guardias y actividades extraordinarias por un importe de más de 12.500 euros, ha detallado.
Ha afirmado que el informe también evidencia que Ganuza cobró en octubre y noviembre de 2023 más de 3.400 euros de «retribuciones indebidas» y Ossola percibió más de 14.400 euros de «retribuciones indebidas».
Somalo ha incidido en que este informe ratifica todos los extremos de las denuncias que ha realizado el PSOE desde casi dos años.
Ante ello, ha señalado que «el Gobierno está actuando con total opacidad” y «todo esto sucede con el conocimiento y consentimiento» del presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán; y de los consejeros de Salud, María Martín; y de Hacienda, Alfonso Domínguez.
El PP defiende su gestión
El PP de La Rioja ha asegurado este martes que la normativa del Servicio Riojano de Salud (SERIS) permite que los directivos que también son facultativos puedan realizar actividad asistencial siempre que sea necesario cubrir algún servicio.
Así ha respondido el PP, en una nota, a las afirmaciones de la diputada autonómica socialista y exconsejera de Salud, María Somalo, quien ha asegurado este martes que la auditoría del SERIS ha confirmado que el exgerente y otros dos altos cargos cobraron retribuciones «indebidas», una situación que el Gobierno regional del PP «conoce y ampara».
En el marco de la situación de emergencia nacional que genera el déficit de profesionales en toda España, que también afecta a La Rioja, «ha habido momentos concretos en los que ha sido preciso que algún cargo directivo médico haya cubierto algún servicio», ha afirmado el PP.
En concreto, se ha tenido que recurrir a ellos por «ser especialistas en áreas tan sensibles y con tanta falta de efectivos como Anestesia, Atención Primaria u Oncología Radioterápica».
«De hecho -ha añadido es reseñable que en muchas ocasiones se ha requerido la presencia de estos directivos con carácter extremadamente urgente, para cubrir situaciones sobrevenidas y servicios en los que no se había podido localizar a nadie para cubrir».
Se trata de una práctica que también regía en la anterior legislatura, cuando María Somalo era consejera de Salud, como así quedó reflejado en la auditoría del interventor correspondiente al ejercicio de 2023, ha recordado el PP.
