La presencia de coordinadores de convivencia en 116 centros educativos de La Rioja ha reabierto el debate sobre quién debe asumir las funciones relacionadas con el bienestar, la convivencia y la protección del alumnado en los centros educativos. El Colegio de Educadores Sociales de La Rioja ha expresado su preocupación por la forma en que se está desarrollando esta figura en la comunidad.
Según explica la entidad en un comunicado, la implantación del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección, prevista en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), supone «una oportunidad histórica para reforzar la protección del alumnado en los centros educativos». La normativa parte de la idea de que la escuela actual no solo transmite contenidos, sino que también debe prevenir situaciones de violencia, detectar vulnerabilidades y acompañar emocionalmente al alumnado.
Sin embargo, el colegio profesional cuestiona el modelo adoptado por la Administración riojana. La reciente resolución establece que estas funciones recaigan en profesorado del propio centro mediante horas complementarias dentro de su jornada docente. En la práctica, señala el colegio, esto implica que docentes de distintas especialidades asuman además responsabilidades relacionadas con la convivencia o la protección del alumnado.
«Nadie cuestiona el compromiso del profesorado» subraya el Colegio de Educadores Sociales, que reconoce la «dedicación admirable» con la que los docentes llevan años afrontando situaciones complejas en las aulas. No obstante, advierte de que «precisamente por respeto a esa labor es necesario decirlo con claridad: no todo puede recaer sobre el profesorado».
Desde la entidad recuerdan que las funciones que la LOPIVI atribuye al coordinador de bienestar incluyen tareas que requieren formación específica en intervención socioeducativa, mediación, prevención de conflictos, acompañamiento emocional o trabajo con familias y recursos comunitarios. «Ese es, precisamente, el campo profesional del educador o educadora social», señala.
El organismo destaca que entre las competencias propias de estos profesionales se encuentran la mediación y gestión de conflictos en contextos educativos, la prevención del acoso escolar, el acompañamiento socioemocional del alumnado, el trabajo con familias, la detección de situaciones de vulnerabilidad o la coordinación con servicios sociales y sanitarios.
A juicio del colegio profesional, asignar estas funciones al profesorado sin formación específica en intervención socioeducativa no solo invisibiliza a una profesión preparada para ello, sino que también sobrecarga a los docentes con responsabilidades que exceden su función. «El educador social no sustituye al profesorado. Lo complementa», subrayan.
En los territorios donde esta figura ya está presente en los centros educativos, añaden, su trabajo ha demostrado ser clave para mejorar la convivencia escolar, prevenir conflictos, reducir el absentismo y reforzar la relación entre el centro educativo, las familias y el entorno social.
Por ello, el Colegio de Educadores Sociales considera difícil de entender que, pese a la creciente complejidad social que atraviesan los centros educativos, esta figura siga sin incorporarse de forma estructural al sistema educativo riojano. Recuerdan además que el Parlamento de La Rioja aprobó en su momento una proposición no de ley para impulsar la incorporación del educador social en los institutos.
«No se trata de abrir debates estériles ni de enfrentar profesiones que comparten el mismo objetivo: el bienestar del alumnado», concluye el comunicado. «La escuela necesita docentes. Necesita orientadores. Necesita psicólogos. Y también necesita educadores sociales».
