Pocos entendían este martes qué estaba ocurriendo en el Pleno ordinario del mes de febrero en Nájera. Lo que en el orden del día figuraba como un simple punto para «dar cuenta al Pleno de la expulsión de los concejales del PR+, Sergio Díez y Juan José Morgado, de su partido y su determinación como concejales no adscritos» —es decir, una notificación y toma de conocimiento que, en teoría, conllevaría una consecuencia automática— ha acabado convirtiéndose en una votación inesperada y en un debate tenso sobre las formas, el fondo y hasta la legalidad del procedimiento.
Los concejales afectados no han ocultado su malestar. Sergio Díez ha explicado que no cuestionan la posibilidad de pasar a ser no adscritos, pero sí cómo se ha tramitado todo. «No estamos de acuerdo con las formas», ha venido a resumir. Según ha relatado, tras varios días intentando aclarar la situación, lograron hablar con la secretaria municipal para conocer cuáles serían sus nuevas condiciones, tanto en derechos como en obligaciones. Sin embargo, aseguran que se enteraron oficialmente del asunto al ver el punto incluido en el orden del día. Les hubiera gustado —han dicho— saber antes que había llegado ese burofax comunicando su expulsión del PR+, y que se les hubiera dado audiencia antes de elevar el asunto al Pleno. «No nos pueden expulsar de un partido al que ya no pertenecemos», han defendido, recordando que habían comunicado su baja previamente. «¿Os creéis más a la presidenta de un partido que a los propios concejales?».
Más allá de las formas, han planteado objeciones de mayor calado. Han sostenido que la coalición por la que concurrieron a las elecciones de 2023 ya no existe ya que el PR+ ha pasado a conformar otro partido junto a Vinea «ni logos ni nombre ni nada es lo mismo» y que, en ese contexto, «cuando el partido deja de existir tal y como se presentó, no puede reclamar derechos sobre sus cargos electos». A su juicio, la decisión afecta a la totalidad del grupo municipal, lo que supondría su desaparición y alteraría la conformación aprobada por el Pleno tras las elecciones. Han hablado incluso de una posible vulneración de sus derechos fundamentales de participación política y han dejado clara su intención de impugnar el acuerdo si seguía adelante. Por eso han pedido que el asunto se dejara sobre la mesa y se tramitara conforme marca la ley, mediante un acuerdo formal de Pleno y con todas las garantías.
Desde Secretaría se ha insistido en que no se estaba privando a los ediles de ningún derecho esencial, ya que conservan su acta de concejal, que es personal e intransferible. Es decir, seguirán siendo concejales con plenos derechos individuales. Sin embargo, cuando la secretaria ha planteado la posibilidad de votar el punto, la oposición al completo ha mostrado su desacuerdo. Desde Izquierda Unida han sido tajantes: no estaban dispuestos a votar algo que en el orden del día figuraba únicamente como dación de cuenta. «Aquí pone que es una toma de conocimiento, no una votación, y nosotros no lo vamos a votar nada que no venga en el orden del día», han señalado, recordando que nunca se ha votado un punto de este tipo. Además, han subrayado que «no existía informe ni propuesta formal que respaldara un acuerdo».
La situación ha desembocado en un escenario poco habitual: un punto que parecía rutinario ha terminado envuelto en discusión procedimental y política. Finalmente, tras el posicionamiento del PSOE, el asunto ha sido retirado y ha quedado sobre la mesa. Por ahora, los concejales continúan formando parte del grupo municipal del PR+ a la espera de que el Ayuntamiento determine cómo y cuándo volverá a abordar el cambio.
