La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado lo que considera «graves irregularidades laborales» cometidas por la Delegación del Gobierno en La Rioja en relación con una trabajadora del área de Sanidad y Política Social.
Según expone el sindicato, la empleada tenía reconocida la jubilación anticipada parcial y contaba con un contrato de relevo para cubrir la parte de jornada que dejaba vacante. Sin embargo, tras el fallecimiento de la persona relevista, la Delegación del Gobierno no habría actuado conforme a la normativa vigente, que establece la obligación de buscar sustitución a través de la Oficina de Empleo. En su lugar, se obligó a la trabajadora a reincorporarse al 100 % de la jornada.
CSIF considera que se trata de «una grave irregularidad», ya que no solo no se procedió a sustituir al relevista, sino que además se impuso a la empleada la realización de la jornada completa pese a tener reconocida su jubilación anticipada parcial. A ello se suma que, según el sindicato, la Administración tampoco se ha hecho responsable del reintegro de la pensión parcial que la Seguridad Social ha reclamado a la trabajadora como percepción indebida.
El sindicato sostiene que se ha vulnerado el principio de igualdad, al aplicar criterios distintos en situaciones idénticas dentro de la misma Administración General del Estado. En este sentido, señala que un caso similar ocurrido en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) se resolvió cumpliendo «de manera escrupulosa» la normativa.
CSIF denuncia lo que califica como «una doble vara de medir» por parte de la Delegación del Gobierno y advierte de que se está generando una situación en la que parece haber «trabajadores públicos de primera y otros de segunda o tercera categoría».
Por todo ello, el sindicato exige la rectificación inmediata del derecho reconocido a la trabajadora afectada, así como una indemnización por los perjuicios ocasionados, tanto económicos como en materia de salud. «No es de recibo que sea la propia Administración la que vulnera los derechos laborales repercutiendo en la salud mental de sus propios trabajadores», concluye CSIF.
