La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha denunciado públicamente que la reciente reorganización de los Juzgados de Logroño en un único Tribunal de Instancia ha supuesto, a su juicio, un grave retroceso en materia de accesibilidad, al generar nuevas barreras para las personas con discapacidad dentro del propio Servicio Público de Justicia.
Desde el sindicato subrayan que la situación resulta especialmente preocupante por producirse en el Palacio de Justicia de Logroño, un edificio moderno inaugurado hace apenas una década. Según FSC-CCOO, la nueva distribución de mesas y armarios en las grandes salas de la oficina judicial ha reducido de forma notable los espacios de paso, hasta el punto de dificultar o incluso impedir el acceso a los despachos de magistrados y letrados de la Administración de Justicia, tanto para la ciudadanía como para trabajadores y trabajadoras con movilidad reducida.
La organización sindical advierte de que no se trata de un simple problema organizativo, sino de una vulneración clara de derechos. Por un lado, consideran que se están incumpliendo las normas básicas de prevención de riesgos laborales y de evacuación en caso de emergencia. Por otro, recuerdan que la situación contraviene la Ley de Accesibilidad Universal de La Rioja de 2023, que obliga a garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad y movilidad reducida.
FSC-CCOO señala además que la propia estructura de la Administración de Justicia agrava el problema, ya que no existe una separación clara entre las zonas de trabajo interno y los espacios de atención al público. En este contexto, las personas con movilidad reducida pueden verse obligadas a atravesar áreas de trabajo para prestar declaración o ser atendidas de manera personal, un derecho recogido en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. El sindicato insiste en que nadie debería verse forzado a tratar asuntos personales o sensibles en pasillos o espacios que no reúnen condiciones adecuadas de accesibilidad.
La central sindical alerta también del impacto laboral de esta reorganización. A lo largo de este año está prevista la finalización de numerosos procesos selectivos con reserva de turno para personas con discapacidad, y advierte de que no puede hablarse de inclusión laboral si los espacios de trabajo no están adaptados desde el inicio.
Ante esta situación, FSC-CCOO asegura haber actuado desde el primer momento. Ha remitido escritos a la Dirección General de Justicia proponiendo soluciones técnicas sencillas, como la reorientación del mobiliario que actualmente actúa como un obstáculo para el paso. Asimismo, ha contactado con el Gabinete de Accesibilidad del CRMF de Lardero, que se ha ofrecido a colaborar y asesorar técnicamente, sin que hasta ahora se haya recibido respuesta.
Además, el sindicato considera imprescindible dar voz a las personas afectadas y ha mantenido reuniones con representantes del movimiento asociativo de la discapacidad, a quienes ha facilitado un reportaje fotográfico que, según indican, evidencia una situación que no puede seguir ignorándose.
Como último paso, FSC-CCOO ha presentado una reclamación ante la Delegada de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, cuya función es velar por que las condiciones de accesibilidad de los edificios judiciales sean adecuadas. Desde la federación lo afirman con rotundidad: la justicia no puede convertirse en un nuevo obstáculo para las personas con discapacidad y exigen medidas inmediatas para garantizar la accesibilidad universal y un Servicio Público de Justicia verdaderamente igualitario.
