Acuerdo alcanzado. El Pleno del Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha aprobado este viernes los presupuestos para el ejercicio 2026 con una cuantía que asciende a 15.138.805 euros, 600.000 euros menos que el año anterior.
Un acuerdo que ha contado con más del 90 por ciento de los votos y que ha sido posible gracias a los votos a favor de las organizaciones agrarias ARAG-ASAJA, UAGA-COAG y UAGN y las cooperativas (FECOAR, DOLARE y UCAN), mientras que UAGR-COAG y UPA han votado en contra. En la rama comercializadora, tan solo la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) ha rechazado el acuerdo.
En este sentido, los presupuestos para 2026 implican un incremento del 7,8 por ciento de las aportaciones por kilo de uva para cada productor lo que supone una reducción del coste medio por cartilla de un 12 por ciento con respecto al año anterior. El sector ha buscado con estos presupuestos mitigar el impacto en la aportación de los viticultores, gracias al ajuste aprobado y a una ayuda extraordinaria aportada por las Administraciones de las tres Comunidades Autónomas de 800.000 euros, que serán destinados de manera íntegra a la contribución del sector productor.
En el apartado de Promoción serán destinados 8,3 millones de euros, lo que supone el 55 por ciento del total de recursos disponibles. En este sentido, el Consejo Regulador pondrá el foco en optimizar los recursos todo lo posible, equilibrando la promoción de modo que se de peso a mercados estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y se aprovechen oportunidades en otras zonas como Bélgica y Países Bajos.
Los presupuestos aprobados aseguran la continuidad de proyectos clave del Consejo, como el empleo de la Inteligencia Artificial aplicada al viñedo y la formación continua en el marco del análisis sensorial del Panel de Cata del Consejo dentro del ámbito de la calidad, así como de otras áreas, como la sostenibilidad y la digitalización. Del mismo modo se impulsa la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico para la Denominación, que arrancará el año que viene y tiene como horizonte el año 2030. Este asunto resulta fundamental para el sector en estos momentos, que busca trazar un Plan Estratégico que actualice la visión y misión de Rioja en un entorno de disrupción cultural, tecnológica y generacional, y que identifique con gran precisión los retos y oportunidades del sector, como posibilidades de crecimiento, de negocio y de producto, la generación de valor, y la diferenciación y relevancia de Rioja actualmente y de cara a futuro.
De igual modo, con esta optimización está garantizada la continuidad de los proyectos digitales, globales y educativos, como Rioja Wine Academy o aquellos orientados a establecer y potenciar relaciones directas con los consumidores y la colaboración con prescriptores y otros agentes relevantes del sector, a través de ferias, salones o misiones inversas.
“Conscientes de las dificultades que afronta el sector y ante la incertidumbre de los mercados y el descenso del consumo, estos presupuestos reiteran el compromiso de la DOCa Rioja con la calidad y el origen, así como con sus inscritos. Son unos presupuestos más austeros, coherentes con la situación actual, buscando que impacten lo menos posible en la economía de los viticultores, pero garantizando al mismo tiempo la viabilidad de los proyectos tan vitales y alentadores que tenemos sobre la mesa”, ha declarado la presidenta del Consejo Regulador, Raquel Pérez Cuevas, al término de la sesión. “Quisiera agradecer el apoyo de las Administraciones al sector, y el gran esfuerzo realizado una vez más por parte de todos los que lo integramos”.
Previamente a la celebración del Pleno, ha tenido lugar la reunión de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR), en la que se ha aprobado la solicitud de la cosecha en verde para el año 2026 a las Comunidades Autónomas. El Pleno del Consejo, que ha aprobado posteriormente la medida con el 97 por ciento de los votos a favor, ha establecido como condicionantes que la financiación de la ayuda no suponga disminución de fondos destinados a la promoción e inversión, que esté dirigida únicamente a viticultores profesionales y que se lleve a cabo un control sanitario de aquellas viñas que se acojan a la medida.
El otro punto abordado en la junta de la OIPVR ha sido la puesta en marcha del grupo de trabajo para la gestión de la masa vegetal -cuyas competencias abarcarán, entre otros, el estudio del reinjerto de variedades tintas a blancas y su posible bonificación, el fomento de variedades de uva minoritarias, la solicitud y gestión de la cosecha en verde, o la valoración de un ajuste cualitativo de la masa vegetal, si procede, tras el reciente acuerdo alcanzado por el Parlamento, Consejo y Comisión Europeos conocido como “paquete vino”.
La configuración de este grupo, que ha sido también aprobada en la sesión de hoy, se enmarca en el paquete de 25 medidas implementado por la Denominación en 2023, que busca recuperar la rentabilidad y el equilibrio de todos los operadores y que ha dado sus frutos desde su puesta en marcha.
La postura de las OPA
Las organización agrarias ARAG-ASAJA y UAGN han respaldado estos presupuestos alegando una «defensa de los intereses de los viticultores y garantizando una mayor sostenibilidad económica para ellos». «La alternativa de no aprobar los presupuestos habría supuesto aprobar una prórroga, lo que hubiese implicado un incremento mayor de la aportación económica que tendrían que realizar los viticultores por kilogramo de uva, una carga completamente inasumible en las circunstancias actuales», añaden.
Por contra, la Comisión del Vino de la UAGR-COAG ha mostrado su disconformidad y no ha apoyado dichos presupuestos debido a que estos se votan conjuntamente (ordinario y adicional, más el extraordinario de promoción), ya que forman dos cuerpos presupuestarios distintos, y de hecho se financian de manera diferente uno y otro: «Por este motivo los vocales de la UAGR no tienen más posibilidad que no apoyarlos. Porque si se votaran por separado, la Unión apoyaría el presupuesto ordinario, no apoyando el extraordinario de promoción. Desde la Unión tampoco se está de acuerdo con el reparto global del presupuesto, ya que está lejos de un reparto justo según el peso económico que cada sector posee».
Por otro lado, UPA también se ha opuesto a estos presupuestos que, según refleja, «ahondan aún más en la crisis del sector productor en lugar de aportar soluciones a la situación de ruina
que están sufriendo los viticultores». Esta organización opina que los presupuestos «continúan en la misma línea que ejercicios anteriores, donde los viticultores siguen siendo los grandes perdedores del sistema» y denuncia, además, que «incrementan su aportación en un 8 por ciento por kilo de uva en un momento de auténtica ruina del sector productor». En este sentido, UPA considera que si las bodegas quieren seguir manteniendo el nivel de gasto actual deberían aportar al presupuesto total lo que les corresponde realmente en función de su volumen de negocio, es decir, el 75 por ciento. Además, califica de «prioritario» la realización de un plan de reducción de gastos o bien un presupuesto “en base 0” que ajuste el gasto a lo estrictamente necesario.
