Ecologistas en Acción de La Rioja y las organizaciones conversacionistas del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han criticado la autorización de la caza de hasta seis lobos en la Reserva Regional de Cameros-Demanda.
Estas entidades han señalado que emprenderán todas las acciones legales necesarias para anular esta autorización y frente a los responsables de las eventuales muertes de estos animales, asegurando que el Gobierno de La Rioja ha autorizado, con «una opacidad y celeridad sin precedentes», la caza de hasta seis lobos en esa reserva regional de caza.
Esta modificación del plan técnico, resuelta el pasado 21 de noviembre, se ha realizado, de acuerdo con sus datos, sin procedimiento alguno, sin transparencia y sin participación pública, lo que creen que vulnera la legislación de procedimiento administrativo.
Han recordado que la normativa europea exige la elaboración de un plan de gestión a nivel autonómico que garantice su estado de conservación favorable antes de autorizar cualquier aprovechamiento cinegético.
Ese plan no existe en La Rioja, según estas asociaciones, que entienden que en esta región solo está en vigor el decreto que aprueba el plan de gestión del lobo en la comunidad y su coexistencia con la ganadería extensiva, que impide la caza de la especie.
El portavoz de Ecologistas en Acción de La Rioja, Pedro Nájera, se ha preguntado «dónde queda el contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja que manifestaba que la desestimación de la suspensión cautelar solicitada -sobre la caza del lobo- no implicaba que se pudiera cazar en la actualidad’.
El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de La Rioja han afirmado que la caza de lobos en esta comunidad es contraria a derecho. Por ello, adoptarán todas las medidas legales oportunas para conseguir que se anule esta modificación del plan técnico de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda y depurar las responsabilidades en que se pudieran incurrir.
«Actuar primero y saltarse la ley, para planificar después, es un atropello», ha señalado la abogada del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, Sara González Merinero. Cree que esta resolución del Gobierno riojano, «adoptada a espaldas de la sociedad y sin una base técnica y legal mínima, es un claro ejemplo de gestión arbitraria e ilegítima».
