El Defensor del Profesor de ANPE La Rioja atendió 14 casos en el curso 2024-2025, lo que supone «un significativo descenso» respecto al anterior, en el que gestionó 13 más hasta 27, lo que se debe, sobre todo, al «sólido reconocimiento de la autoridad del profesorado en la normativa relacionada con la convivencia».
Así lo ha afirmado este jueves el responsable de este servicio, Andrés Toledo, en una rueda informativa, en la que también ha participado el presidente de ANPE La Rioja, Gustavo Navas. Toledo ha indicado que ha contribuido al descenso de casos el refuerzo en la dotación de recursos destinados a los coordinadores de convivencia, bienestar y protección; así como la creación y puesta en marcha de un equipo especializado de bienestar emocional, salud mental y trastornos de conducta para atender al alumnado y a los centros educativos.
«Constatamos que hay una mayor conciencia y sensibilidad del profesorado para denunciar situaciones anómalas», una mayor capacidad asertiva del profesorado para pedir ayuda y asesoramiento externo; y la amplia visibilidad que ha adquirido el servicio del Defensor del Profesor, ha subrayado.
Ha detallado que las etapas educativas más conflictivas son, por volumen de alumnado, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional (FP), en la que «se consolida la tendencia en el aumento de casos».
El pasado curso, ha proseguido, el servicio del Defensor del Profesor no reportó casos en Educación Infantil, ni tampoco en las enseñanzas de régimen especial. Los conflictos originados por alumnado constituyeron el 53 por ciento de las consultas realizadas el curso pasado y los más frecuentes fueron las dificultades para dar clase, las falsas acusaciones, las faltas de respeto y las amenazas y, en menor medida, el acoso, las actitudes agresivas entre el alumnado y hacia el profesorado.
También ha indicado que los conflictos originados por familias significaron un 31 % de los casos detectados en el curso 2024-2025, entre las que predominaron las denuncias en el centro o ante inspección educativa, las falsas acusaciones y la presión por las calificaciones; y las faltas de respeto y el acoso ocuparon los últimos lugares.
Carga emocional y tensión
Por su parte, los conflictos originados en el ámbito laboral representaron un 16 por ciento de los casos, sobre todo los surgidos entre los compañeros docentes y los problemas con la Administración, seguidos de los generados por la aplicación inadecuada de los reglamentos de centros.
Estas situaciones generan una elevada carga emocional y tensión profesional para el profesorado, con efectos directos, tanto en su desempeño diario como en su bienestar físico y psicológico.
Así, los datos recogidos muestran que la totalidad de los docentes atendidos manifestó niveles significativos de ansiedad y un 7 por ciento presentó sintomatología depresiva; el 64 por ciento precisó una baja laboral, un porcentaje superior al del curso precedente.
Toledo ha señalado que, «pese a que el marco normativo actual es favorable a la mejora de la convivencia escolar, continúan existiendo carencias en las políticas específicas destinadas a la protección de la salud mental del profesorado en los centros educativos de La Rioja».
El 79 por ciento de los casos procedieron de Logroño y su entorno de Rioja Media; un 14 por ciento correspondieron a La Rioja Baja y el 7 por ciento fueron notificados desde La Rioja Alta, ha detallado.
Ha considerado positiva la reciente revisión y actualización de la normativa vigente, orientada a introducir medidas concretas que dotan a los centros y al profesorado de recursos eficaces para gestionar los conflictos y garantizar su protección jurídica en el ejercicio de sus funciones.
También ha incidido en la necesidad de reforzar la formación del profesorado y de los agentes clave en la gestión de la convivencia, como tutores, equipos directivos, servicios de orientación, profesionales de apoyo y atención a la diversidad; así como coordinadores de bienestar y convivencia.
Ha asegurado que se estima esencial que los dispositivos contemplados en la normativa, como las aulas de convivencia y los equipos específicos, cuenten con los recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar su labor de manera adecuada.
La consideración del profesorado como autoridad en el ámbito educativo, ha dicho, debe entenderse «no en términos sancionadores, sino como una referencia moral y ejemplar para el alumnado, capaz de fomentar modelos positivos de conducta, emociones y actitudes».
