El Gobierno de La Rioja y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han suscrito este viernes un convenio de colaboración para avanzar en la adaptación de los sistemas tecnológicos de la Administración de Justicia riojana al nuevo modelo organizativo.
La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín; y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, han firmado este viernes, en Madrid, este acuerdo de colaboración.
El objetivo de este convenio es facilitar la adaptación de los sistemas de información judicial al nuevo modelo organizativo que introduce la ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia (LOEO), con la creación de los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y los servicios comunes de tramitación, general y de ejecución. A ello se suma la implantación de un sistema de trabajo más eficiente, interoperable y tecnológico en beneficio de profesionales y ciudadanía.
Martín ha destacado que «La Rioja continúa avanzando en la modernización de sus servicios públicos» y este convenio la sitúa en «la senda de una Justicia más ágil, eficiente y cercana», que aprovecha las oportunidades de la tecnología para mejorar la atención a la ciudadanía, especialmente en los municipios más pequeños.
También ha resaltado que este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno de La Rioja con «un modelo de Justicia del siglo XXI, basado en la coordinación entre administraciones, la digitalización y la transparencia». «Solo con una gestión moderna y eficiente de los recursos podremos garantizar un servicio público de calidad”, ha subrayado.
El nuevo sistema supondrá adaptaciones en las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas en los órganos judiciales, sobre todo en lo relativo a la identificación de unidades funcionales, la gestión de usuarios, procedimientos y documentación. Estas actuaciones serán desarrolladas conforme a los criterios de interoperabilidad y eficiencia tecnológica.
El convenio tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable anualmente hasta un máximo de otros cuatro, y no conlleva un gasto económico, dado que la cesión de la transferencia tecnológica se realiza de manera gratuita entre las partes.
