Izquierda Unida ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa de La Rioja ya que, a su juicio, supone un retroceso en derechos y garantías de los ciudadanos.
IU ha informado de esta enmienda a la totalidad a un texto que considera «copiado» de «comunidades gobernadas por la derecha más conservadora y neoliberal» como Madrid o Valencia.
Para el diputado regional de IU Carlos Ollero, el proyecto del Gobierno regional supondría «rebajar controles y dejar más desprotegidos a los ciudadanos».
Además cree que bajo «la apariencia de más agilidad administrativa” se «abre la puerta» a privatizar funciones de la administración autonómica «y a una desregulación muy negativa para las pymes riojanas».
Para IU generalizar el silencio administrativo estimatorio y reducir plazos, convierten la falta de respuesta en un “sí” incluso en materias sensibles como el medio ambiente, la salud pública o la seguridad industrial «pero la inacción administrativa no puede equivaler a autorización tácita cuando el daño puede ser irreversible”, subraya Ollero.
La sustitución de autorizaciones por simples declaraciones responsables o comunicaciones, sin controles previos suficientes ni medios públicos de inspección reforzados, desplaza la vigilancia al después y dificulta corregir a tiempo, critica el diputado.
También rechazan el proyecto porque permite la entrada de entidades privadas certificadoras, financiadas por las mismas empresas a las que evalúan, con el consiguiente conflicto de interés y la pérdida de empleo público cualificado.
Para IU el llamado principio de “mercado abierto” y el reconocimiento automático de permisos de otras comunidades con menos requisitos facilitarán el «dumping regulatorio» y limitarán la capacidad de La Rioja para proteger adecuadamente lo social, lo laboral y lo ambiental.
A ello se suma la reducción de los tiempos de participación en la elaboración de normas, que puede convertir la consulta pública en un mero trámite.
“La participación ciudadana no es un obstáculo; es una garantía democrática”, remarca Ollero, que como alternativa propone una simplificación real que elimine burocracia inútil sin recortar derechos: digitalización inclusiva, eliminación de duplicidades y refuerzo de la inspección y de los servicios públicos, sin privatizar funciones esenciales.
