La portavoz del Grupo Municipal Vox en Calahorra, Maite Arnedo, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de La Rioja al considerar que el Ayuntamiento podría haber incurrido en un delito de prevaricación por omisión. Según explica, se aprobó un decreto para reclamar judicialmente una deuda superior a 23.000 euros por servicios en la Residencia Municipal San Lázaro, pero dicha reclamación no se llevó a cabo en tiempo y forma, poniendo en riesgo la recuperación de ese dinero público. La reclamación estaría relacionada con un concejal de la actual corporación municipal.
VOX sostiene que no se trata de un descuido administrativo, sino de una actuación deliberada destinada a favorecer intereses particulares. Arnedo denuncia que detrás de esta inacción podría existir un pacto oculto entre responsables políticos y técnicos municipales con el objetivo de proteger a determinado concejal y garantizarse así apoyos en votaciones clave del Pleno. «A cualquier ciudadano no se le perdona ni una tasa de basuras, pero cuando la deuda viene de un político parece que el Ayuntamiento mira hacia otro lado», ha criticado la portavoz.
La denuncia también resalta las trabas que, según Vox, se impusieron a la oposición para acceder a la documentación del expediente. Durante meses, asegura Arnedo, se han producido negativas y retrasos injustificados que solo se han resuelto tras insistentes reclamaciones, dejando en evidencia la falta de transparencia del actual equipo de gobierno. Para la formación, esta actitud constituye una estrategia consciente para ocultar a la ciudadanía una gestión irregular y perjudicial para las arcas municipales.
Ante esta situación, Vox pide a la Fiscalía que investigue a fondo y depure responsabilidades políticas y técnicas. «Permitir conscientemente la pérdida de más de 23.000 euros en beneficio de intereses personales es un escándalo intolerable», ha subrayado Arnedo.
