El curso ha arrancado en Logroño con polémica. Varias alumnas del IES Sagasta se han encontrado con las puertas cerradas por llevar velo islámico. El centro les ha prohibido la entrada acogiéndose al Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), que impide acudir a clase con la cabeza cubierta. La decisión, inédita hasta ahora en este instituto, ha sorprendido a familias y asociaciones de inmigrantes, que han denunciado que nunca antes se había aplicado de forma tan estricta esta norma y que, de hecho, durante años las alumnas habían llevado el hiyab sin ningún impedimento.
El episodio ha provocado una reacción inmediata. Seis asociaciones de inmigrantes y colectivos musulmanes —ATIM, AMIN, Arabella, la Asociación Paquistaní de La Rioja, Faizan e Madina y Gulzare Madina— han emitido un comunicado conjunto denunciando lo ocurrido. Consideran que se trata de una vulneración de derechos fundamentales, tanto de la Constitución como de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo. También recuerdan que existe una sentencia del Tribunal Supremo de 2013 que avala la decisión de un centro de Madrid, pero insisten en que en este caso el veto es “arbitrario” porque hasta ahora nunca se había aplicado al hiyab. “Hoy son las mujeres musulmanas, mañana será otro colectivo. Los derechos son de todos y debemos defenderlos”, señalan.
En el reglamento del centro, concretamente en el punto 3 del artículo 81, se especifica que los alumnos deben acudir al centro con “vestimenta adecuada” y, en un anexo, se detalla que no se permite el uso de “gorras, gorros, viseras, capuchas, boinas y similares” dentro del edificio.
Durante años esta prohibición se ha interpretado de manera flexible y nunca se ha aplicado al velo islámico. Este curso, sin embargo, la dirección ha decidido ejecutar el reglamento al pie de la letra tras una votación en el claustro de profesores, que se mostró favorable a la medida el curso pasado.
La Consejería de Educación ha incidido en que respeta la autonomía de los centros educativos, como el IES Sagasta, para elaborar sus reglamentos de funcionamiento y, por ejemplo, prohibir el uso de prendas que cubran la cabeza.
Fuentes de la consejería ha hecho estas declaraciones a EFE después de que la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) y otras hayan afirmado que se ha prohibido la entrada al IES Sagasta a alumnas con velo islámico, algo que, según ellos atenta contra su libertad religiosa.
Educación explica que el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del IES Sagasta, aprobado por el claustro del Instituto, prohíbe el uso de cualquier prenda que cubra la cabeza. Puntualiza que para que ese reglamento entre en vigor tiene que estar aprobado por el Consejo Escolar del centro, algo que no ha ocurrido todavía.
En este caso, no obstante, la Consejería de Educación, antes de su aprobación, solicitó un informe a los servicios jurídicos para comprobar que la normativa se ajusta a derecho, como así se avaló.
Por eso subrayan que Educación respeta la autonomía de los centros a tomar sus decisiones y elaborar sus reglamentos de funcionamiento, han concluido las mismas fuentes.
Más allá de la polémica local, lo ocurrido ha vuelto a poner sobre la mesa una carencia importante: la ausencia de una normativa clara a nivel nacional o autonómico sobre el uso del hiyab en los centros educativos. En La Rioja, cada instituto decide a través de su reglamento interno si lo permite o no, lo que genera disparidad de criterios incluso entre centros de la misma localidad. Así, mientras algunos institutos públicos lo prohíben expresamente en sus ROF, otros no lo contemplan y lo permiten, e incluso en varios concertados su uso no genera ningún problema.
Quienes defienden la prohibición apelan al principio de laicidad y neutralidad de la escuela pública: consideran que el velo es un símbolo religioso y que su uso en clase rompe con la idea de un espacio educativo libre de signos confesionales. Por el contrario, quienes defienden el derecho a portarlo recuerdan que forma parte de la libertad individual y religiosa, protegida por la Constitución y por tratados internacionales. Además, insisten en que la medida puede tener consecuencias graves para las alumnas: obligarlas a trasladarse a otro centro —en ocasiones lejos de su domicilio—, generar desarraigo escolar y obligar a las familias a repartir a sus hijos entre varios colegios e institutos distintos.
Las asociaciones implicadas han hecho un llamamiento a la Consejería de Educación para que intervenga y establezca un marco común que evite esta disparidad y garantice el derecho a la educación de las alumnas musulmanas. “Los derechos son de todos y es responsabilidad de todos defenderlos”, concluyen. Mientras tanto, en las aulas riojanas el debate sigue abierto y, lejos de resolverse, se prevé que vuelva a marcar el curso escolar.
