Bodegas AGE (Fuenmayor) ha establecido el rango de precios para esta vendimia entre los 79 céntimos por kilo para las tintas y alrededor de 70 céntimos para las blancas. Los proveedores de la centenaria firma, cuyo grupo es el que mayor volumen de uva y vino mueve en la Denominación -en torno al diez por ciento de la uva-, han conocido estos días las cifras, según ha desvelado este miércoles en el Parlamento de La Rioja la líder IU, Henar Moreno. Esto supondría cerca de un diez por ciento de aumento respecto a la campaña pasada.
La vendimia ya ha cogido ritmo en varias zonas de Rioja Oriental, tanto de uva tinta como blanca, mientras que en Rioja Alta y Rioja Alavesa han comenzdo con las blancas. El debate en el sector se centra ahora en los precios que marcarán las operaciones de compraventa. Según coinciden viticultores y bodegas, las cuantías propuestas este año podrían ser algo superiores a las de campañas anteriores, debido sobre todo a la previsión de una cosecha más corta.
«Se van a pagar buenos precios por la uva buena, de zonas de contrastada calidad; el resto seguirá la línea del año pasado, con un ligero repunte, me imagino”, han apuntado fuentes del sector consultadas por NueveCuatroUno. En municipios de Rioja Oriental como Aldeanueva y Alfaro, se barajan en estos momentos precios de alrededor de 80 céntimos por kilo de tinta y entre 70 y 75 céntimos en el caso de la blanca, al igual que en otras importantes bodegas del entorno de la capital riojana.
Ley de la Cadena
La parlamentaria ha hecho pública esta información durante el debate sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, en el que ha reclamado más inspecciones y sanciones frente a posibles incumplimientos, así como que los agricultores no reciban pagos por debajo de los costes de producción.
Moreno ha recordado que en la última campaña el precio medio abonado en La Rioja fue de 73 céntimos por kilo de uva tinta, mientras que los costes efectivos de producción se situaron entre 97 céntimos y 1,04 euros. “Cada viticultor perdió de media entre 24 y 31 céntimos por kilo de uva, según certifica el Observatorio de Precios Agrarios del Gobierno de La Rioja”, ha subrayado.
En este sentido, ha criticado que “se llenan la boca con leyes y su cumplimiento, pero la realidad es contraria” y ha señalado que este año “no hay constancia de contratos registrados” a pesar de que deberían comunicarse con un mes de antelación a la entrega de la uva. “Ese es ya el primer incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria”, ha asegurado.
Moreno ha incidido en que 2025 está siendo una campaña “especialmente dura” para el viñedo riojano, marcada por la escasez de uva debido a problemas climáticos, enfermedades fúngicas como el mildiu y tormentas de granizo. “Cada viticultor habla de cuántas manos ha tenido que dar este año, y cada mano cuesta más de 1.000 euros”, ha lamentado.
La diputada ha reprochado que, en este contexto, se fijen esos precios. «Con todas esas manos y problemas, estos precios siguen situándose por debajo de los costes efectivos de producción”, ha denunciado, antes de reclamar que se reconozca “el esfuerzo de los viticultores y viticultoras para garantizar la excelencia del vino, porque no hay vino sin uva, ni buen vino sin uva de calidad».
En su intervención, la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha defendido la labor de control del Ejecutivo regional y ha recordado que el pasado año se realizaron 81 inspecciones a empresas frente a las 26 de 2023. Estas actuaciones han dado lugar a 17 expedientes sancionadores, siete de ellos por compra de uva, por posibles incumplimientos en los contratos.
Cinco de estos expedientes han sido trasladados a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, al afectar a empresas que también operan en otras comunidades. Manzanos ha felicitado al equipo de la Dirección General de Desarrollo Rural por la tramitación de unos procedimientos que ha calificado de “muy complicados y extensos”.
La consejera ha reiterado que su departamento continuará trabajando para garantizar que se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria y que los viticultores perciban precios que cubran los costes de producción.
