El Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias en la planificación y control energético de edificios públicos de La Rioja entre enero de 2022 y marzo de 2024, que no respondieron a una estrategia global y carecieron de una coordinación suficiente.
Así lo ha detallado este viernes, en una nota, en la que, ha precisado que el importe afectado a este respecto alcanza los 37 millones de euros de inversión a través de 197 contratos. La misma situación presenta la Región de Murcia, con 74 millones de inversión a través de 709 contratos.
Ambas comunidades realizaron actuaciones para mejorar la eficiencia y el ahorro energético de sus edificios públicos, que fueron numerosas, no estuvieron suficientemente coordinadas y no contaron de un previo diagnóstico de la situación que se trataba de mejorar.
Una de las conclusiones principales del informe es que el cumplimiento por parte de ambas comunidades de la obligación de elaborar un plan de eficiencia energética fue meramente formal.
Aunque La Rioja y la Región de Murcia remitieron sendos planes al Ministerio para la Transición Ecológica, ninguno de ellos fue aprobado oficialmente ni ejecutado en su integridad.
Además, carecían de elementos esenciales como un diagnóstico de partida, objetivos cuantificables, indicadores de seguimiento o definición clara de los órganos responsables y de la financiación prevista.
Pese a ello, el informe constata que ambas comunidades realizaron numerosas actuaciones para mejorar la eficiencia energética de sus edificios públicos, muchas de ellas cofinanciadas con fondos europeos, principalmente el FEDER 2014–2020, el FEDER 2021–2027 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En concreto, La Rioja destinó a este cometido 37 millones de euros mediante 197 contratos, mientras que Murcia alcanzó una inversión de 74 millones de euros a través de 709 contratos.
El Tribunal de Cuentas subraya que las actuaciones llevadas a cabo no respondieron a una estrategia global y carecieron de una coordinación suficiente.
En ambas comunidades el informe detecta ausencia de un control centralizado y periódico del consumo energético de los edificios públicos, lo que imposibilita medir la eficacia real de las medidas aplicadas.
Entre otras recomendaciones, el Tribunal propone a ambas comunidades la centralización del control energético, la mejora del inventario de edificios públicos y el uso de acuerdos marco para la contratación relacionada con la eficiencia energética.
